Senadores y diputados federales de las LX y LXI Legislaturas aprobaron un total de 907 nuevas leyes y cambios al marco jurídico actual.

Ciudad de México. Durante las dos Legislaturas que acompañaron el sexenio de Felipe Calderón, el Congreso de la Unión aportó 491 nuevas leyes y reformas al esquema jurídico nacional, pero la falta de consensos entre las fuerzas políticas y la oposición de diversos grupos propiciaron que dejaran a la mitad del proceso legislativo 491 leyes y reformas.

En el listado de las reformas y nuevas leyes que se quedaron a la mitad están la nueva Ley de Amparo, que debió concluirse desde octubre del 2011, cuando entró en vigor el cambio sobre el tema realizado en la Constitución; también los instrumentos para lavado de dinero, el uso legítimo de la fuerza pública, delitos contra la libertad de expresión, reglas para el desarrollo metropolitano, vales de medicina, prohibición del cobro de cuotas en escuelas públicas y la Ley de Seguridad Nacional, que el Ejército cabildeó durante cinco años sin lograr el éxito.

Los senadores y diputados federales de las LX y LXI Legislaturas aprobaron un total de 907 nuevas leyes y reformas al marco jurídico actual; la mayoría de las modificaciones se centraron en las leyes generales de Salud y Educación, así como a la Constitución y a las leyes que protegen a los grupos vulnerables, los niños y las mujeres, principalmente.

Sin embargo, dejaron a la mitad 491 temas, lo cual implica que del total de iniciativas que lograron la construcción de un dictamen, 35% contó sólo con el aval de uno de los plenos y se quedó en la discusión de las comisiones de la respectiva Cámara revisora.

De acuerdo con el registro de leyes y reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, desde septiembre de 2006 hasta el pasado lunes 30 de abril de 2012, que corresponden a las Legislaturas LX y LXI que han acompañado el gobierno de Felipe Calderón, de los nuevos 907 instrumentos jurídicos aportados por senadores y diputados federales, la mayoría se refieren a cambios a las leyes generales de Salud y de Educación, así como a la Constitución y a los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Los diputados aportaron 578 de estos nuevos instrumentos; 380 correspondieron a la LX Legislatura, que arrancó en septiembre de 2006 y concluyó en agosto de 2009; 198 a los diputados federales de la LXI Legislatura.

Respecto del Senado, durante la LX Legislatura concretaron 239 iniciativas que nacieron en su tribuna y otras 90 en la LXI Legislatura.

Se observa también que mientras en el periodo de 2006 a 2009, los senadores no atendieron 86 minutas que les enviaron los diputados, éstos ignoraron 109 minutas enviadas por los senadores; es decir, en ese periodo, que coincidió con una alta productividad en ambas Cámaras, se quedaron 195 instrumentos jurídicos a la mitad del camino.

En tanto, en el periodo efectivo de sesiones de la LXI Legislatura, que constitucionalmente concluye el 31 de agosto próximo, pero cuyo trabajo de crear y reformar leyes culminó el lunes pasado, se observa que el Senado ignoró 109 minutas que le envió la Cámara de Diputados, y los inquilinos de San Lázaro ignoraron, a su vez, 127 minutas que se procesaron en el Senado.

De esta forma, serán los próximos senadores y diputados federales quienes decidan si retoman estas 491 minutas que se quedaron en comisiones de ambas Cámaras, y que entre otros temas incluyen la eliminación de peaje en caso de mal servicio en carretera, la prohibición del conflicto de intereses en el Poder Legislativo y diversas disposiciones para contribuir al combate a la obesidad infantil y el tabaquismo.

El freno al proceso legislativo de las 491 minutas no sólo está relacionado con la carencia de acuerdos entre los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, sino con la oposición de los sectores que se consideran afectados o que tienen interés en que la situación actual no se modifique.

Así, por ejemplo, los integrantes de las Fuerzas Armadas pidieron que se detuviera el proceso para limitar el fuero militar, que fue aprobado en comisiones del Senado, porque no estuvieron de acuerdo con la inclusión de que las violaciones a los derechos humanos de los mismos integrantes de sus corporaciones sean tratados en juzgados federales.

En tanto, integrantes de la CNTE pidieron detener el proceso para ordenar en la Ley General de Educación la evaluación universal obligatoria para los maestros de enseñanza básica, como parte de los requisitos para la obtención y permanencia en una plaza.

Algunos legisladores, que tienen nexos con empresas privadas, pidieron detener la aprobación de la reforma constitucional en materia de conflicto de intereses, pues les impediría participar en la propuesta, defensa y aprobación de reformas que beneficien a los sectores a los cuales pertenecen esas empresas privadas, y justamente su presencia en el Congreso es para defenderlos.