El informe de un grupo de trabajo de la ONU asegura que, ante los consejos otorgados al gobierno federal en la materia durante los últimos cuatro años, la autoridad ha logrado pocos avances en su implementación.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas exhibió que, en cuatro años, el gobierno mexicano ha dado pocos avances en la implementación de recomendaciones realizadas por este organismo, en particular, en aquéllas encaminadas a frenar los problemas estructurales en la materia.

Lo anterior fue expuesto en un informe publicado para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe relativo a su visita a México del 18 al 31 de marzo del 2011.

“El grupo de trabajo lamenta observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas especialmente, preocupante resulta el constatar que la mayoría de las recomendaciones fundamentales para enfrenar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada no han sido plenamente implementadas. Pero más preocupante le resulta al grupo de trabajo la situación deteriorada que prevalece en México desde que realizó su visita y presentó su informe”, concluye el organismo.

Asimismo, coincidió con lo observado por el Comité contra la Desaparición Forzada en febrero del 2015, organismo que reportó que “la información recibida (...) ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

El grupo de las Naciones Unidas sostuvo que la dimensión del problema quedó evidenciado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Iguala, hace un año a manos de la policía municipal.

En este sentido, coincidieron con las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en el caso Ayotzinapa.

En el documento, el grupo de trabajo afirma que “alienta al Estado mexicano a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del GIEI y garantizar que todas las actuaciones que solicite para el desarrollo adecuado de su encomienda, incluyendo aquéllas que involucren a autoridades militares, se realicen por el gobierno de manera diligente y exhaustiva”.