El gobierno mexicano dijo que se mantendrá atento a la defensa de los derechos de los mexicanos en Arizona, y que esperaba la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma.
México D.F. La cancillería de México dijo este viernes que no prevé una deportación masiva de mexicanos tras la entrada en vigor de una nueva ley de inmigración de Arizona, que a pesar de haber sido bloqueada en partes polémicas aún puede afectar a inmigrantes indocumentados.
Una jueza estadounidense bloqueó este miércoles partes clave de la ley horas antes de que entrara en vigor este jueves, dándole una victoria al presidente Barack Obama, que busca un acuerdo con los republicanos para aprobar una ley de inmigración exhaustiva.
La decisión de la jueza fue aplaudida por el gobierno mexicano, que señaló sin embargo que se mantendría atento a la defensa de los derechos de los mexicanos en Arizona y que esperaba la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma.
El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Julián Ventura, dijo que no prevé una deportación masiva o regresos voluntarios de mexicanos.
"Aquí no hemos detectado o previsto movimientos en ese sentido", dijo Ventura a una radio local.
"Podría mantenerse también hacia otros estados (el flujo de inmigrantes mexicanos) de la unión americana, como por ejemplo los estados vecinos de Utah y Nuevo México que tienen un entorno mucho más amable para los migrantes", dijo Ventura.
La jueza de distrito Susan Bolton bloqueó, entre otras, la parte de la ley que requería que la policía determinara el estatus de inmigración de una persona detenida o arrestada si un oficial creía que ese individuo era ilegal.
Hasta ahora, esas acciones han estado reservadas a los agentes migratorios, con excepciones.
La jueza también retuvo las previsiones que exigían a los inmigrantes portar sus documentos en todo momento y la que consideraba delito que los trabajadores sin papeles de inmigración buscaran empleo en lugares públicos.
Sin embargo, mantuvo las partes que hacen ilegal que los conductores recojan a trabajadores ilegales en las calles y que transporten o resguarden a inmigrantes ilegales.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó este jueves una apelación para restaurar las previsiones de la ley.
"Esta es una batalla jurídica prolongada que podría incluso culminar con una decisión o una valoración por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos", dijo Ventura.
En Arizona más de 88% de la población hispana es de origen mexicano, de los que entre 400.000 y 530.000 son inmigrantes indocumentados, según cifras de la cancillería.
