Edna Jaime, directora de México Evalúa, advirtió que "es una transición que hay que vigilar. Un grupo de autodefensa, así sea legítimo y tenga un origen justificable, puede pervertirse en cualquier momento".

El Economista (México). A una semana de la legalización de los grupos de autodefensa en Michoacán, Edna Jaime, directora de México Evalúa, alerta sobre la vigilancia de estos grupos civiles armados, ya que de no existir contrapesos en los modelos de policías, éstos se podrían pervertir, augurando un desastre mayor.

La titular de la organización civil, encargada de evaluar las políticas públicas en materia de seguridad, reconoce que esta legalización surge debido a que el gobierno federal no tiene alternativas para enfrentar dicho problema de inseguridad en Michoacán, entidad severamente afectada por el crimen organizado y la violencia.

“No hay muchas alternativas, no se puede desarmar de un día para otro a estos grupos a través de un acto de fuerza, porque hay cierto grado de legitimidad en su existencia. Pero me parece que un manotazo en la mesa iba a resolver el problema, porque el estado no tiene alternativa. Es una transición que hay que vigilar. Un grupo de autodefensa, así sea legítimo y tenga un origen justificable, puede pervertirse en cualquier momento. Se necesitan contrapesos dentro del órgano pero también ciudadanos. Si tenemos modelos de policías sin contrapesos, auguro un desastre, un problema mayor del que tenemos ahora”.

Estrategia Federal. En entrevista, Edna Jaime refiere que la estrategia del gobierno federal en Michoacán responde a situaciones que no preveía; sin embargo, menciona que el dejar de lado las cifras alegres y replantear la situación es algo positivo.

“El anuncio de Michoacán y la estrategia antisecuestro presentada recientemente son como responder a una realidad que no se domesticó como tenías pronosticado. Están tendiendo que reaccionar, lo que es positivo, me parecería muy grave que el gobierno federal siguiera hablando de cifras alegres y minimizar el problema. El hecho de que corrija, de que replantee, me parece buena noticia. Me hubiera parecido idóneo al inicio de la administración”.

Sin embargo, explica que la táctica del gobierno federal, que tomó el control de la situación en Michoacán, es repetir el paradigma de la pasada administración, generando un desentendimiento de la autoridad estatal, produciendo una falta de compromiso serio. “La presencia federal puede desmotivar acciones por parte del gobierno estatal y que lo hayan hecho a un lado me parece que genera un efecto que eventualmente puede ser costoso para la administración federal”.

Sobre los recursos para prevención del delito (2.500 millones de pesos para las zonas violentas, incluidos 29 municipios de Michoacán), y los 3.000 millones de pesos que anunció la Secretaría de Desarrollo Social, expuso que el problema en materia social, educación, empleo, y seguridad, no se resuelve “aventando montones de dinero”, sino que la distribución del dinero debe hacerse con diagnósticos certeros, mecanismos de control y metas definidas sobre lo que se quiere abatir.