La ley mexicana prohíbe a las entidades gubernamentales que contraten a empresas que tienen directa o indirectamente accionistas -a través de otras entidades corporativas- en común con contratistas inhabilitados.
México. México otorgó un millonario contrato carretero a una empresa estrechamente vinculada a un contratista que fue inhabilitado para trabajar con el Gobierno tras haber incumplido en dos proyectos, incluyendo una obra en la misma autopista.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato a finales del año pasado a Epccor, propiedad de los hijos del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, que controla una firma que está en la lista de negocios sancionados por el Gobierno.
Uno de los vínculos entre las dos empresas es que uno de los hijos funge como director de ambas firmas, según un documento público.
Una investigación de Reuters este año encontró que la empresa de Gutiérrez Cortina, Gutsa Infraestructura, figura entre docenas de compañías que han ganado contratos con la petrolera estatal Pemex incluso después de haber sido inhabilitadas por la Secretaria de la Función Publica.
Algunas compañías inhabilitadas han cambiado sus nombres y a sus accionistas para ganar contratos nuevos.
La ley mexicana prohíbe a las entidades gubernamentales que contraten a empresas que tienen directa o indirectamente accionistas -a través de otras entidades corporativas- en común con contratistas inhabilitados.
Epcoor en sí no ha sido inahibilitada. Un portavoz de la SCT dijo que no firma contratos con empresas inhabilitadas. El portavoz no respondió a preguntas sobre vínculos entre Epcoor y Gutsa.
Epccor, en sociedad con una empresa española llamada Construcciones Aldesem, ganó el contrato por 1.045 millones de pesos (US$75 millones a finales de noviembre) para ampliar un libramiento de 14.5 kilómetros (9.5 millas) en la ciudad de Cuernavaca, en la carretera México-Acapulco, al presentar la oferta más baja elegible.
Epccor ha compartido una dirección de oficina y un representante legal con Gutsa, de acuerdo con documentos revisados por Reuters. Seis empleados de Epccor en el sitio Web LinkedIn catalogan a Gutsa como su empleador anterior.
Si bien no existen accionistas directamente en común entre Epccor y Gutsa, Reuters no pudo comprobar inmediatamente si ambas empresas tienen accionistas en común indirectamente.
Gutsa y Epccor "son empresas totalmente ajenas", dijo el vicepresidente corporativo Epccor, Adolfo Gómez, explicando que Gutsa es un importante constructor con una gran cantidad de empleados y que es natural que algunos se hayan unido a Epccor.
El mismo Gómez trabajó alguna vez en Gutsa.
Ejecutivos de la española Aldesem no respondieron de inmediato a correos electrónicos o llamadas telefónicas.
Epccor ha cambiado su dirección y ahora se ubica en un edificio a espaldas del antiguo edificio de Gutsa, señaló.
El hecho de que los hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina fundaron una nueva empresa no está en contra de la ley, dijo Gómez.
Los accionistas de Epccor, según un documento revisado por Reuters, son los hermanos José Miguel Gutiérrez Sainz, Juan Diego Gutiérrez Sainz e Ignacio Gutiérrez Sainz, así como dos compañías llamadas Corporativo Técnico Empresarial y Promo-Dinámica.
Los accionistas de Gutsa, según otro documento recibido por Reuters en una solicitud de información pública, incluyen a Juan Diego Gutiérrez Cortina, el padre de los tres, y dos compañías llamadas Administradora Gutsa y Gutsa Construcciones.
Los accionistas de las otras empresas que participan en Epccor y Gutsa Infraestructura no pudieron ser identificados.
Estela de luz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en el 2012 que Gutsa incumplió con un contrato por US$30 millones a Pemex para construir un monumento destinado a conmemorar el bicentenario de la independencia mexicana.
Gutsa no terminó a tiempo la obra, conocida como Estela de Luz, y sus costos se dispararon por arriba de US$90 millones, encontró.
Investigadores encontraron más tarde de Gutsa ganó el contrato por un tecnicismo legal. La compañía recibió el contrato mientras estaba apelando una inhabilitación anterior por un trabajo de mala calidad en la autopista México-Acapulco.
La Secretaría de la Función Pública, que mantiene la lista de contratistas ihnabilitados, dijo en una declaración escrita que un testigo social supervisó el proceso de licitación para el libramiento de Cuernavaca.
La secretaría no respondió a las preguntas de Reuters sobre la relación entre Epccor y Gutsa.
El testigo social no encontró irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato. Pero hizo la advertencia a la SCT, que en el contrato no estaba claro respecto a en cuántos carriles podía ser ampliada la autopista.
"Esta licitación esta iniciando sin la certeza de poder llevarla a cabo en el tiempo y costo considerado originalmente", añadió.
El libramiento ha atraído protestas en la zona. Residentes locales bloquearon la carretera el mes pasado para quejarse de que la SCT no había dicho ún cuántas casas tendrían que ser demolidas para ampliar la carretera.
