Se interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de inconstitucionalidad para frenar la designación de los integrantes de las Fiscalías Anticorrupción.

Por indicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República interpuso este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los Congresos y gobernadores de los estados de Veracruz y Quintana Roo.

En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, explicó que los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge y sus respectivas legislaciones realizaron reformas en materia anticorrupción, sin esperar a la entrada en vigor de la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que es contrario a la Constitución Mexicana.

Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República, se encaminan a atender problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han impugnado provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción sean contrarias a la Constitución federal.

Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción", expuso, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Cabe señalar que los dos gobiernos impulsaron cambios en sus legislaciones locales para "blindar" a los actuales mandatarios locales de posibles investigaciones en su contra por los gobernadores entrantes.

Al respecto, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez expuso que los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción se habrán de publicar en los próximos días, en tanto las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor.

Recordó que el constituyente permanente aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción.

Uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción es que no haya cabida para legislaciones locales a modo”, comentó.

En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones, esto es lo que os ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir"; advirtió.