"La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer (este lunes) y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio", dijo el jefe de la delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.
Ginebra. México concluyó este martes una presentación de dos días ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, con la promesa de que para junio, a más tardar, contará con una ley general sobre esta grave problemática y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia.
"La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer (este lunes) y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio", dijo el jefe de la delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.
A lo largo de siete horas de diálogo, repartidas entre este lunes y martes, las preguntas sobre el número global de desaparecidos en el país no contaron con una respuesta satisfactoria para los miembros del Comité, en particular para los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle.
Ambos fueron asignados para profundizar en la información presentada por México.
Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reconoció ante la prensa que, "en el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas".
Precisó que los registros existentes "mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos".
"Es algo que hay que corregir sin duda alguna", declaró en relación a un fenómeno que, según organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), ha afectado a más de 22.000 personas entre diciembre de 2006 y el pasado octubre.
La organización basa esa cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas.
Para responder a esta evaluación, el gobierno mexicano envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, incluido el gobernador de Coahuila, Rúben Moreira Váldez.
Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, el pasado 26 de septiembre, estuvo en todo momento presente, a través de representantes de sus familias en la sala.
Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de esos jóvenes desaparecidos en Iguala, mostraron gran escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos.
Más optimistas fueron otras dos madres de desaparecidos en hechos anteriores, que opinaron que la evaluación de su país en el Comité puede constituir una presión adicional para que se aceleren las investigaciones de sus casos.
"Para nosotros (los familiares), el hecho de que haya unos ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio", dijo a Efe Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Robledo Fernández, desaparecido en 2009, y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
Esa asociación representa 320 casos documentados de desaparecidos únicamente en ese estado.
En reacción a la promesa de que en los próximos meses habrá una Ley General de Desapariciones Forzadas, Fernández comentó que esa norma "es muy necesaria" para quienes buscan a personas desaparecidas "porque la mayoría de casos están como secuestro o privación ilegal de la libertad, pero no como desaparición forzada".
Por su parte, María Olaya Dozal, cuya hija Alejandra desapareció en 2009 a la edad de 16 años, confesó que la presencia del Estado de México ante el Comité "me da esperanza de que el gobierno sienta un mayor compromiso con los desaparecidos y sus familias".
Los familiares que llegaron a Ginebra para participar en estas deliberaciones esperaban ver si el gobierno se comprometía a reconocer la competencia del Comité para aceptar denuncias individuales -presentadas directamente por los ciudadanos- por desapariciones forzadas.
Esto no ocurrió, pero el subsecretario Gómez Robledo aseguró que es una posibilidad que se considera y que "no hemos dicho no".
Según dijo, un paso así no involucra "a dos o tres secretarías de Estado", sino que "es una decisión en la que intervienen numerosas instituciones".
