El clamor en todos los sectores sociales no se centra sólo en encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos, sino en esclarecer todos los hechos, y arrestar y castigar a los culpables.
"No podemos permitir que se instale una visión cínica de las circunstancias, donde tragedias como las de Iguala se pierdan entre notas de prensa, ineficiencia de las autoridades y ajustes de cuentas políticas", dijo este domingo Miguel Barbosa, presidente del Senado de México. Barbosa exigió al Estado mexicano investigar con estricto apego a la legalidad el homicidio de seis jóvenes y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el sur del país desde el 26 de septiembre pasado.
Barbosa aseguró que el Poder Legislativo ha formado un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación, con el fin de contribuir con las autoridades en la investigación. "Los crímenes de Iguala son hechos horrendos que trastornan la vida de un Estado y de un país, porque demuestran cómo el crimen organizado ha penetrado a las autoridades y sus integrantes pueden actuar con total impunidad", afirmó.
Asimismo, el Senado exigió al Estado mexicano realizar un amplio esfuerzo para localizar a los 43 normalistas desaparecidos y que las pesquisas que llevan a cabo autoridades estatales y federales se hagan con estricto apego a la legalidad. De acuerdo con la investigación, agentes municipales, aliados con el cártel de los Guerreros Unidos, estarían involucrados en el asesinato y desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Clamor por la búsqueda. Por su parte, la Fundación Internacional Baltazar Garzón expresó este domingo su preocupación de que las investigaciones y la búsqueda de los desaparecidos "no se están realizando con la debida diligencia". El organismo civil indicó que, mientras no se tenga la certeza sobre su paradero "seguiremos exigiendo su presentación con vida" y lamentó que la información sobre las fosas clandestinas no se haya ofrecido de manera directa a los familiares y abogados, sino a través de los medios de comunicación. Por otra parte, la Delegación de la Unión Europea en México se sumó este domingo a las condenas contra los hechos violentos en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, como en los crímenes cometidos contra estudiantes en el municipio de Iguala en Guerrero.
En Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, miles de personas se manifestaron por las principales avenidas para exigir castigo a los responsables del asesinato de estudiantes y la presentación con vida de los 43 normalistas. En el acto, los manifestantes exigieron se ponga fin a los "narcogobiernos", la coexistencia entre autoridades y el crimen organizado. El sábado, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, reveló que algunos restos de los 28 cádaveres calcinados hallados en fosas comunes cercanas a Iguala, donde los 43 estudiantes desaparecieron, no corresponden a los normalistas.