Además de la instrucción, el grupo expresó preocupación por la fragmentación de la investigación en 13 causas distintas en seis juzgados de distintas ciudades del país.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa, advirtió que además de considerar el incidente registrado en Iguala, Guerrero, como una desaparición forzada de 43 normalistas y no como secuestro, el incidente presenta otras graves violaciones a los derechos humanos, las cuales es necesario se investiguen.

En conferencia de prensa para presentar su tercer informe de labores, el grupo instó a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar adecuadamente otros delitos presentes en el caso como tortura; tentativa de homicidio ; encubrimiento; obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, así como lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes.

El tercer informe de trabajo del GIEI -dado por dos de los cinco especialistas que lo integran: Carlos Beristain y Claudia Paz- arroja, asimismo, que a más de un mes de hecha la solicitud por parte del grupo de expertos de entrevistar directamente al personal militar del Batallón 27, ésta aún no ha logrado concretarse.

Beristain detalló que inicialmente las autoridades nacionales sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través del Ministerio Público Federal; posteriormente, les fue informado que ello no era posible, y que en breve obtendrían una respuesta. El GIEI dio a conocer dicha solicitud a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

“El GIEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa, a fin de completar la información fuera del ámbito judicial”,expuso el grupo.

Carlos Beristain expresó asimismo que en la última semana de actividades , el grupo de expertos podría reunirse con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez.

A partir de la información a la que el GIEI ha tenido acceso para analizar el desarrollo de los hechos en más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el GIEI advierte que los estudiantes llegaron después de que se terminara el acto de la entonces presidenta del DIF, y que el ataque se dio en otro lugar.

El reporte asienta que las autoridades sabían desde el inicio que se trataba de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes realizaban acciones de boteo y toma de autobuses. Beristain aclaró que ello no supone una valoración de la eventual responsabilidad penal en los hechos tanto de Abarca como de Pineda.

El grupo expresó preocupación por la fragmentación de la investigación en 13 causas distintas en seis juzgados de distintas ciudades del país —Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca, Jalisco—, en tanto que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de otras ciudades —Tepic, Jalisco y Altiplano.

Lo anterior podría fomentar que se pierda la visión integral de los hechos.

El grupo de expertos sugirió unificar la investigación para evitar riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y acortar las distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia.

El GIEI gestionó y facilitó un encuentro realizado el 5 de mayo entre familiares de los normalistas y Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal de México. En dicha reunión se acordó continuar el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas. Para dar seguimiento a lo anterior, se constituirá un grupo de trabajo.

El grupo solicitó también a las autoridades que sean entrevistados elementos de la Policía Federal y la Policía Ministerial que, según testimonios, estuvieron presentes en los hechos.

En relación a la atención de víctimas, GIEI elaboró un pliego de sugerencias para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el que sugiere tener mapeo completo de las víctimas del caso, el cual no se ha realizado a siete meses de los hechos.

Asimismo, invita a la CEAV a acercarse a las víctimas y familiares para generar confianza, así como hacer una propuesta de atención a los afectados e informarles de sus derechos de forma personalizada.