Sólo con la supervisión de instancias extranjeras, podrá haber garantía de certeza y veracidad en las indagatorias, dicen familiares de los 43 desaparecidos en Iguala, en septiembre del 2014.

México recibirá de nueva cuenta asesoría técnica y supervisión internacional para dar seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición de 43 estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A decir de familiares de las víctimas y sus representantes legales, sólo con la supervisión extranjera podrá haber garantía de certeza y veracidad en las indagatorias.

En el marco del 159 periodo de sesiones, la CIDH notificó al Estado mexicano y a los beneficiarios de las medidas cautelares del caso Iguala su resolución, con la que determinó el establecimiento del Mecanismo de Seguimiento Especial para continuar con las labores de investigación.

Este esquema dará seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la CIDH para coadyuvar en las indagatorias del caso Iguala con el fin de buscar el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, Raúl Isidro Burgos.

Este esquema será integrado por al menos dos asesores técnicos especiales que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios. Ellos tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información. Finalmente, habrá un comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo, quien realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos.

Este esquema asegura que el Estado mexicano seguirá sujeto a supervisión internacional para resolver el caso; es decir, cualquier actuación que hagan será sujeta a revisión por parte de la CIDH, observó Humberto Guerrero, integrante de Fundar.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que, en un caso tan complejo, sólo la supervisión internacional podía dar garantía de certeza y veracidad a las investigaciones en curso.

En opinión de los familiares —quienes fueron representados en Washington, sede de la CIDH, por Felipe de la Cruz, vocero del grupo; Hilda Legideño, madre del normalista Jorge Antonio Tizapa; Mario González, padre de César Manuel González; Mario Patrón, director del Centro Prodh, y Humberto Guerrero, integrante de Fundar— el Estado mexicano debe acatar la resolución y facilitar el inicio inmediato de las labores del Mecanismo Especial de Seguimiento.

El abogado Aguirre relató que fue la composición del personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH que integrará al mecanismo, así como la modalidad de las visitas, aquellos temas que causaron más tensión entre las partes.

De acuerdo con el documento de resolución, debido a la amplitud del expediente, la CIDH nombrará como mínimo a dos asesores técnicos especiales para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso, quienes —en coordinación con el Estado— podrán realizar las visitas a México con la frecuencia y tiempo que sea necesario para su labor.

El comisionado designado por la CIDH realizará tres visitas a México, quien en consulta con el Estado podrá realizar una cierta visita para dar seguimiento a las medidas cautelares. Cada estancia en el país se realizará de forma coordinada.

En su oportunidad, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que el financiamiento por parte del Estado mexicano a este mecanismo de seguimiento ya está contemplado, y no será oneroso. El esquema de seguimiento que definió la CIDH, fue adoptado después de una serie de reuniones con los representantes del Estado mexicano y los familiares, en el marco del 159 período de sesiones de la Comisión.

El esquema contará con un equipo de asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.