"Con esta ley, queremos garantizar que nadie sea marginado de las posibilidades que ofrece el aprendizaje", porque "lo que nos comprometimos (en el programa de gobierno) lo estamos cumpliendo", dijo la mandataria.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la Ley de Inclusión Escolar que pretende terminar con el lucro, la discriminación y el pago compartido entre familias y Estado dentro del sistema educativo nacional.
"Con esta ley, queremos garantizar que nadie sea marginado de las posibilidades que ofrece el aprendizaje", porque "lo que nos comprometimos (en el programa de gobierno) lo estamos cumpliendo", dijo la mandataria.
Explicó que el sistema educativo en Chile será financiado con recursos públicos, porque la norma busca transformar la educación en un "derecho social".
Bachelet expresó respecto al tema de la gratuidad, que la ley define un proceso de transición para el reemplazo pleno por parte del Estado del denominado pago compartido o copago que realizan las familias en muchos colegios particulares subvencionados.
Las familias verán una disminución en los costos escolares a partir del próximo año y la intención es que nueve de cada 10 estudiantes de colegios que reciben aportes públicos estudien gratuitamente en 2018.
"A partir de 2017, transitaremos hacia un nuevo sistema de admisión en los colegios que reciben aportes del Estado, y si hay igual número de postulantes y vacantes todos podrán ingresar", dijo Bachelet.
Desde el próximo año, el Estado aportará unos 500 millones de dólares anuales para la educación pública, financiamiento que se extenderá hasta el 2019.
La nueva ley promueve en los centros educativos "el principio de no discriminación arbitraria e inclusión".
Reconoce en los planteles subvencionados o que reciben aportes permanentes por parte del Estado el principio de "gratuidad progresiva".
Establece, además, los derechos de los estudiantes respecto a su permanencia en colegios, institutos y universidades.
Sostiene que los procesos de admisión deben ser transparentes y que los reglamentos internos de las instituciones de enseñanza reconozcan la prohibición de toda forma de discriminación.
La norma plantea también que sean los propios padres, madres y padres o apoderados, quienes decidan el colegio donde estudien sus hijos o pupilos, y no que los establecimientos decidan a qué niño educar.
