Lo que se inició como una investigación del crimen contra Flor de María Gil Ovalle, jueza de Trabajo y Previsión Social, llevó a la Fiscalía a descubrir una red de estafadores de bienes inmuebles a la que, además, se les contabiliza la muerte de 90 personas que habían perdido sus propiedades.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala inició una investigación contra 17 abogados a quienes vincula con una red dedicada a la usurpación de propiedades en las zonas 1 y 16, Mixco, Amatitlán, Izabal, Escuintla y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según las pesquisas, a la fecha a esa organización se le han contabilizado por lo menos 256 estafas. Investigadores de la Fiscalía Metropolitana aseguran que aún se trata de identificar a empleados del Registro de la Propiedad Inmueble y de juzgados que pudieran haber participado en esos ilícitos.

La estafa y la usurpación no son las únicas anomalías por las que se señala a ese grupo. Las pesquisas también han vinculado a los abogados señalados en unas 90 muertes de dueños de inmuebles.

La banda también incluye a más de 70 jaladores, tramitadores o testaferros, que suplantan la identidad de los verdaderos propietarios. Ayer, el MP logró la detención de nueve tramitadores, a quienes encontraron sellos de municipalidades e instituciones gubernamentales.

Esos casos forman parte de los más de dos mil expedientes que conoce la Fiscalía Metropolitana. Los fiscales aseguran que a diario reciben un promedio de tres denuncias por el robo y usurpación de terrenos en diferentes lugares del país.

Las investigaciones han establecido por lo menos tres organizaciones delictivas en todo el país dedicadas a ese tipo de estafas.

Identificados. Gustavo Adolfo Gudiel Valenzuela fue capturado el 14 de septiembre último y, según las pesquisas, podría ser el cabecilla de la banda que desde el 2000 ha despojado de sus bienes a ancianos y migrantes, especialmente.

Solo a Gudiel Valenzuela se le involucra en unos 16 casos.

En apariencia, este se encargó de reclutar a otros 17 abogados, que le prestan sus protocolos y, con documentos falsos, respaldan los traspasos. Entre esos profesionales del Derecho hay dos fallecidos.

El resto de abogados, cuyos nombres se omiten, posee en común que figuran en varias escrituras de compraventa, comparten redes sociales y protocolos, entre otros detalles.

A Edwin Mayén y a Ruth Alvarado, excandidatos a diputados por la Unión del Cambio Nacional y Centro de Acción Social, respectivamente, también se les vincula con esos ilícitos.

Alvarado aseguró que su situación fue aclarada, y negó estar procesada; sin embargo, la Fiscalía está próxima a presentar acusación formal en su contra por dar fe de que conocía al supuesto vendedor de una propiedad, pero su identidad resultó ser falsa.

Mayén, quien tiene tres órdenes de captura en su contra, no contestó las llamadas a su teléfono celular.

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Fredy Cabrera, indicó que trabajan para unificar los sistemas de informática con el Registro de la Propiedad Inmueble, para controlar a los profesionales que gestionan escrituras.

“Hay personas que llegan como abogados, queriendo inscribir propiedades de manera anómala”, explicó.

Asesinatos. Lo que se inició como una investigación del crimen contra Flor de María Gil Ovalle, jueza de Trabajo y Previsión Social, llevó a la Fiscalía a descubrir una red de estafadores de bienes inmuebles a la que, además, se les contabiliza la muerte de 90 personas que habían perdido sus propiedades.

Por ese hecho está procesado el abogado Roger Mauricio González, quien elaboró la escritura de compraventa a favor de Víctor Asariel Calderón, también ligado a proceso.

Forma de operar. Las pesquisas han detectado diversas modalidades en las que los delincuentes se apoderan de los inmuebles.

En ocasiones logran información de las personas que han extraviado documentos, y suplantan fotografías para que sus testaferros efectúen la transacción. También se ha identificado que hay familiares o personas allegadas que conocen la cantidad de inmuebles que posee la víctima y se lo comunican a la banda.

Cuando se tienen los datos, se realiza una escritura de compraventa donde comparecen testaferros con otras identidades. Estos, a su vez, hacen otra compraventa, pero siempre figuran los mismos abogados, que dan fe de las identidades.

Al final, venden la propiedad, pero el último en adquirirla desconoce que todos los trámites son falsos.