La solicitud de intervención de la fuerza pública en la marcha indígena el domingo 25 de septiembre fue solicitada el 24 de este mes a la Fiscalía por la ministra de Justicia, Nilda Copa; su viceministro Ricardo Cox y dos funcionarios del área legal del ahora ex titular de Gobierno, Sacha Llorenti, según el memorial de formalización de denuncia penal.

La denuncia fue recibida por el fiscal asistente adscrito al despacho de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Facundo Coronel, a las 20.35 del sábado 24 de septiembre, según se registra en la parte superior derecha del memorial al que tuvo acceso La Razón. Coronel hace constar la recepción en forma manuscrita y con su firma. El procedimiento regular es que la denuncia sea recibida por Ventanilla Única.

De acuerdo con el documento al que accedió este diario, que está dirigido a la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, las autoridades citadas, solicitaron “la intervención de la fuerza pública” porque el sábado 24 de septiembre un grupo de marchistas que se opone a la construcción de un tramo carretero por la región del Tipnis tomó como rehenes al canciller David Choquehuanca, al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, y al general de la Policía Edwin Foronda, a quienes obligaron a marchar.

“Toda vez que han sido de conocimiento público las acciones beligerantes de los autores de los hechos denunciados, las cuales presentan una situación de riesgo y peligro contra la integridad de las personas y uniformados policiales que pudieran encontrarse involucradas en el sector de la marcha, velando por el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales, a fin de preservar la vida y la de evitar enfrentamientos en la localidad de Yucumo (…) solicitamos respetuosamente requiera la intervención de la fuerza pública en caso necesario”, señala a denuncia.

Marcha. Los encargados de firmar el documento son la ministra y el viceministro de Justicia; además del jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, Denis Rodas; y el asesor legal de Asuntos Jurídicos, Fernando Rivera, del ministerio de Gobierno y en su calidad de “apoderados” de Sacha Llorenti.

En horas de la mañana de este martes, Llorenti comunicó la renuncia del viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, a quien derivó la responsabilidad de la violenta intervención de la marcha indígena del domingo, donde al menos hubo 30 heridos.

Postura. “Para nada hemos pedido que se intervenga la marcha, hemos pedido que se investigue, se libre todos los requerimientos necesarios”, dijo Cox al referirse al documento. Indicó que “para cualquier requerimiento, siempre, por estilo, se solicita que se requiera la intervención de la fuerza pública en caso necesario”.

Aclaró que el rol del ministerio de Justicia fue formular la denuncia y que de la gestión jurídica se encargó el ministerio de Gobierno. “Ellos han coordinado con la Fiscalía (...) nosotros hemos suscrito como autoridades denunciando”, manifestó Cox.

Además, se remitió al memorial de la denuncia, donde relatan que el canciller Choquehuanca fue interceptado y rodeado abruptamente por un grupo de personas que le obligó a participar de la marcha “mediante empujones y forcejeos para romper el cerco de seguridad de la Policía, mediante el uso de la fuerza con violencia y ataques con flechas, llevándolos por delante como escudos humanos e hiriendo a algunos policías con dichas armas”.

En el documento detallan que se les tomó como rehenes durante dos horas y media y que les obligaron a marchar aproximadamente siete kilómetros, además que en el ínterin “varios efectivos policiales fueron objeto de atentados contra la vida y la integridad física (…) hechos que se adecúan en los artículos 128 (atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado), 132 (asociación delictuosa), 251 con relación al 8 (tentativa de homicidio) y 334 (secuestro) del Código Penal”.

Víctimas. Además de las autoridades de gobierno, el memorial identifica como víctimas a cuatro policías con distintas lesiones, por lo que se solicita librar los requerimientos necesarios y se active la investigación correspondiente, “bajo los principios de unidad y cooperación que rigen al Ministerio Público”.

La fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, admitió el lunes la existencia de una denuncia del ministerio de Gobierno y afirmó que requirió la cooperación de la Fiscalía de Distrito de Beni, aunque aclaró que “se pidió el registro del lugar de los hechos, en referencia a la denuncia por los policías heridos”, lo que significa que sólo debían ir al lugar y recabar elementos de convicción (flechas, testimonios u otros) que ayuden a esclarecer las circunstancias.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, señaló que “en absoluto, no existe una solicitud de la Fiscalía General para una intervención”; no obstante, Llorenti, ayer, volvió a ratificar que existía la orden fiscal.

Defensor en la zona. En San Miguel de Chaparina se encuentra el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien opinó que existen “gravísimas contradicciones en cuanto al manejo de políticas de disuasión de los conflictos sociales en el Gobierno”, de acuerdo al reporte de La Razón. El fin de semana, la Defensoría del Pueblo fue criticada por las autoridades de Gobierno, toda vez que no habría estado cuando se tomó de rehén al Canciller.

Ministerio Público inicia investigación. El fiscal de Distrito de Beni, Hugo Vargas, y su colega de San Borja, Juan Ernesto Muñoz, se encuentran en San Miguel de Chaparina para investigar lo sucedido el sábado y domingo en esa localidad beniana. Los representantes del Ministerio Público tomaron fotografías y declaraciones a los indígenas y testigos del lugar, según constató el periodista de La Razón enviado al Beni.

Esta actuación se enmarca en el requerimiento de cooperación que habría solicitado la Fiscalía de Distrito de La Paz, para esclarecer las circunstancias en que resultaron heridos el Sgto. segundo Prudencio Machicado Q., quien fue atravesado por una flecha en el rostro; el Tcnel. Miguel Venegas, lesionado con otra flecha en la mano derecha; y otros dos sargentos, de quienes sólo se conoce que apellidan Campusano y Mamani, mismos que habrían sido heridos en el tobillo y la pierna.

El fiscal Vargas explicó que se iniciaron dos procesos: uno que investiga lo ocurrido el sábado, cuando el canciller David Choquehuanca fue obligado a marchar junto a los indígenas, y otro para dilucidar lo sucedido el domingo, cuando la Policía reprimió a los originarios.

Además, la Fiscalía General anunció la conformación de un equipo de fiscales encargado de reforzar las investigaciones de la violenta intervención de la fuerza pública. Estará dirigido por el fiscal de recursos Orlando Riveros Baptista, además de los peritos del IDIF Jorge Melgarejo, Leonardo Flores Pita, Guillermo Humérez y Franklin Vargas, quienes deben reforzar a los que ya están en el lugar, según ANF.