El político fue involucrado en un caso de extorsión, que actualmente es seguido por un tribunal en Miami, Estados Unidos.

Para desvirtuar las acusaciones hechas en su contra por el ex policía Fabricio Ormachea, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, expresó ayer su disposición a que se investigue el movimiento de sus cuentas bancarias en la última década.

La autoridad de gobierno reaccionó de esa forma cuando fue consultado sobre las afirmaciones que hizo el ex mayor de la Policía detenido en Estados Unidos y hallado culpable del delito de extorsión al empresario boliviano Humberto Roca, en un juicio seguido por una corte de Miami el 12 de marzo.

Una de las principales pruebas para el citado juicio fue un video grabado en forma secreta por agentes del FBI (Agencia Federal de Investigaciones, por su sigla en inglés). En la filmación, Ormachea, que recibe dinero de Roca a cambio de excluirlo de procesos judiciales en su contra en Bolivia, cita irregularidades cometidas por cinco autoridades del Gobierno, entre ellas Quintana, a quien lo vincula con el narcotráfico y con negociados de tierras.

“¿Cómo asumir como ciertas las declaraciones de un expolicía corrupto y de un empresario corrupto, ligadas y articuladas a una agencia de seguridad de los gringos y presumir como que eso es un dato de la verdad? Me parece una impostura”, dijo Quintana.

“Pídanme mis cuentas, hoy o mañana, se las entrego a todos los periodistas. Les doy mi declaración jurada de bienes, una autorización firmada por el juez, fiscal y por un notario para que vayan a cualquier país del mundo para ver si tengo alguna cuentita (bancaria) en el extranjero y mis cuentas aquí en Bolivia”, manifestó.

Cuestionamiento

El ministro de la Presidencia, paralelamente, cuestionó la labor de los periodistas, a quienes les pidió que hagan una mejor selección de sus fuentes informativas.

Quintana sostuvo que está dispuesto a autorizar a que los periodistas puedan obtener información de sus cuentas bancarias de los últimos diez años. Indicó que en éstas se debe observar el movimiento del dinero que recibe del Estado por su sueldo y que cualquier monto adicional registrado debe ser investigado.

Cuando desvirtuó la denuncia en su contra sobre narcotráfico, señaló que él no cambia de casa desde hace una década y dijo que cualquier persona que comete ese ilícito se compra “una mansión” o mejora de calidad de vida, ya que si no lo hace, “es un burro”.

Ministro pregunta por pruebas de corrupción

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, rechazó ayer las denuncias de irregularidades en contra del vicepresidente Álvaro García Linera y sostuvo que cualquier sindicación de corrupción debe estar acompañada de pruebas. Unidad Nacional (UN) acusó a García de tráfico de influencias porque su cuñada es dueña de una empresa que vende servicios a la estatal Boliviana de Aviación (BoA).

“Seguramente hay, estoy seguro de que existen funcionarios corruptos (en el Ejecutivo), la pregunta es ¿dónde están las pruebas de que den cuenta de esas prácticas?”, sostuvo la autoridad.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, también se refirió al tema y señaló que “Unidad Nacional tiene derecho a investigar lo que quiera porque lo garantiza la Constitución Política del Estado, que defendió el presidente Evo Morales, pero esa acción busca, vanamente, afectar la imagen del Vicepresidente” que no tiene responsabilidad, reportó ABI.