Cristián Lorroulet, ministro secretario general de gobierno, sostuvo que el país estaba en presencia de un grupo terrorista organizado, tras la violenta muerte de dos agricultores este viernes en el sur del país.

El ministro chileno de la Presidencia, Cristián Larroulet, aseguró este lunes que los grupos violentos que han perpetrado ataques en los últimos días en La Araucanía, foco del conflicto mapuche, y que causaron la muerte de dos personas el viernes, tienen "contactos con las FARC".

"Estamos en presencia de un grupo terrorista organizado, con métodos terroristas, con nexos internacionales que provienen con capacitación, con entrenamientos y con contactos con las FARC", aseguró Larroulet en una entrevista con el Canal 13 de televisión.

Según el ministro, el atentado en el que un propietario agrícola y su mujer fallecieron en un incendio provocado por una veintena de encapuchados marca un "antes y un después", en la situación existente en la región, agitada desde hace varios años por las reclamaciones de tierras que algunas comunidades mapuches consideran propias.

Por este motivo, el presidente del gobierno chileno, Sebastián Piñera, anunció un incremento de la dotación y material policial, el establecimiento de una zona de vigilancia con controles de identidad en la zona y el nombramiento del general Carlos Carrasco, tercer hombre en el escalafón de Carabineros, como encargado de la acción contra la violencia "terrorista" en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

"Estará a cargo de las pesquisas para que detectemos a este grupo terrorista. Aquí estamos en presencia de terrorismo, que asesina personas, que no tiene ninguna piedad y que con tal de lograr sus propósitos, efectivamente incendia, mata a personas", indicó el ministro.

"Por lo tanto, es fundamental para el estado de derecho que podamos detectar estas personas y llevarlas a la justicia", añadió en la televisión local.

En tanto, el presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona, se refirió a las muertes del viernes en una carta difundida a la prensa, en la que señaló la necesidad de "bregar con una infatigable voluntad de justicia".

"Sus autores deben ser debidamente castigados por el estado de derecho democrático imperante en nuestro país. No puede haber justificación alguna ante el crimen que se presenta o intenta excusar por supuestas razones políticas", recalcó Escalona.