La estación Panamericana de Televisión difundió la noche del domingo un audio en el que se escucha a Thorne pedir al Contralor de la República, Edgar Alarcón, la opinión favorable a unas recientes modificaciones.
El ministro de Economía de Perú, Alfredo Thorne, rechazó este lunes haber ejercido presiones a favor de un contrato de construcción de un aeropuerto de unos US$520 millones, que fue cancelado en medio de fuertes críticas por su financiamiento.
La estación Panamericana de Televisión difundió la noche del domingo un audio en el que se escucha a Thorne pedir al Contralor de la República, Edgar Alarcón, la opinión favorable a unas recientes modificaciones al contrato supuestamente a cambio de aprobar un mayor presupuesto para la entidad fiscalizadora.
"Nosotros nunca jamás en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) condicionamos la ayuda a nada, es una decisión absolutamente técnica", dijo Thorne, quien reconoció la conversación en una entrevista con la radio local RPP.
El diálogo se produjo a mediados de mayo pero la Contraloría de todos modos denunció irregularidades en el contrato para un aeropuerto en la región del Cuzco, en manos del consorcio Kuntur Wasi, del holding argentino Corporación América y el peruano Andino Investment Holding.
Thorne afirmó que la conversación con Alarcón duró casi una hora y que solo fueron difundidos fragmentos editados. "Yo estaba preocupado por el crecimiento y quería sacar inversiones hacia adelante y en segundo lugar conversamos cómo se podría aumentar el presupuesto a la Contraloría", dijo el ministro.
El escrutinio sobre la firma de los contratos del Estado ha aumentado luego de que estalló un escándalo por la entrega de sobornos de la brasileña Odebrecht a funcionarios para ganar obras en el país.
La agencia calificadora de riesgo Moody's dijo el viernes que la incertidumbre en torno al plan de construcción del aeropuerto de Chinchero podría desalentar a inversionistas en futuros proyectos de infraestructura.
La construcción del aeropuerto ha enfrentado al Gobierno con el Congreso dominado por la oposición y el mismo contralor Alarcón es investigado por la fiscalía por lavado de activos tras denuncias de presuntos actos irregulares en su gestión.
