Cardoso renunciará esta semana, dijo Folha de S. Paulo. Cardoso asumió el cargo con la sucesora de Lula y también miembro del PT, Dilma Rousseff, al comienzo de su primer mandato en el 2011.
El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, planea renunciar, debido al aumento en los ataques desde el Partido de los Trabajadores (PT) por una investigación policial sobre las actividades del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, reportaron este domingo dos diarios brasileños.
Cardoso renunciará esta semana, dijo Folha de S. Paulo. Cardoso asumió el cargo con la sucesora de Lula y también miembro del PT, Dilma Rousseff, al comienzo de su primer mandato en el 2011.
Miembros importantes del PT, del que Cardoso forma parte, han aumentado la presión sobre el ministro en los últimos días después de que Lula fue notificado de que los tribunales brasileños planean emitir una orden para acceder a sus registros bancarios, telefónicos y financieros, reportaron Folha y el Estado de S. Paulo.
Lula, líder histórico del PT, cinco veces candidato presidencial del partido y presidente en dos mandatos del 2003 al 2010, ha sido objeto de una investigación a raíz de un escándalo de corrupción en la petrolera dirigida por el Estado Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).
Lula ya se ha enfrentado al interrogatorio policial sobre las transacciones financieras de sus hijos y amigos y ahora encara un cuestionamiento por su supuesta propiedad de un departamento con vista al mar y una finca de campo.
El departamento y la casa de campo fueron supuestamente renovados por firmas constructoras involucradas en un escándalo de sobornos y fijación de precios en Petrobras. Lula ha dicho que las propiedades no le pertenecen.
Cardoso está molesto por las acusaciones en el PT de que no ha podido frenar una caza de brujas política contra Lula y otros aliados del Gobierno. El ministro, un abogado y profesor de Derecho, se está recuperando de un cáncer linfático.
Cardoso ha dicho que no tiene autoridad para restringir las investigaciones sin evidencia de que la policía haya violado los derechos de una persona, reportó Estado.
