Las víctimas, conocidas como las “Mujeres de Atenco”, relataron ante los jueces las agresiones físicas y sexuales cometidas por varios policías tras ser arbitrariamente detenidas después de una protesta de comerciantes en San Salvador de Atenco.

San José. Un grupo de 11 mujeres torturadas sexualmente por fuerzas de seguridad en México pidió el jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que investigue la cadena de mando detrás de los abusos ocurridos durante unos disturbios en 2006 en Estado de México, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era gobernador.

Las víctimas, conocidas como las “Mujeres de Atenco”, relataron ante los jueces las agresiones físicas y sexuales cometidas por varios policías tras ser arbitrariamente detenidas después de una protesta de comerciantes en San Salvador de Atenco, que se ubica a unos 40 kilómetros de la capital.

“Hemos venido a alzar la voz. No nos hicieron justicia en México”, dijo ante los jueces María Cristina Sánchez, una comerciante de 50 años, quien tras ser golpeada y agredida sexualmente por policías enfrentó, como el resto de sus compañeras, un proceso judicial en medio de la hostilidad de medios y la sociedad.

Las mujeres fueron acusadas de obstaculizar la vía pública y otros cargos, y posteriormente declaradas inocentes. Algunas pasaron más de dos años presas a la espera de juicio.

“Nos agredían verbalmente, psicológicamente. Nos decían mentirosas, nos culpaban. Nos decían que debíamos estar en la casa con los hijos y no en la calle. Nos estigmatizaron en la sociedad”, agregó Sánchez.

La audiencia por el caso ante la CIDH, con sede en San José de Costa Rica, se prolongará hasta el viernes, cuando se presenten los alegatos de ambas partes. Sin embargo, la resolución de los jueces podría tardar meses.

México y el propio Peña Nieto, que era el gobernador de la entidad (2005-2011) antes de ser presidente, han reconocido los abusos y excesos policiales ocurridos entre el 3 y 4 de mayo de 2006, en una manifestación de floricultores en la que murieron al menos dos personas, incluyendo un menor de edad.

“El estado mexicano reitera que reconoce su responsabilidad internacional en los términos expresados (en 2013) y su plena voluntad de reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos del presente caso”, dijo Uriel Salas, uno de los abogados representantes del Estado mexicano.

Pero las pesquisas locales no fueron concluyentes. Aunque varios policías fueron imputados no se logró condena en firme, según las demandantes, quienes piden que se investigue y juzgue a los culpables y sus superiores.

Además, como reparación buscan que el Gobierno mexicano cree un centro independiente de acompañamiento para acoger y ayudar a otras víctimas de tortura sexual.

“Merecemos que se reconozca que estamos diciendo la verdad. Que se investigue la cadena de mando, no solo para que se haga justicia, sino para que estos hechos no vuelvan a repetirse”, dijo Norma Jiménez, de 33 años, al concluir su testimonio.

“No olvidamos que el Estado es el responsable. Es su obligación investigar y sancionar. No pedimos nada extraordinario, queremos la verdad y la justicia”, concluyó.