“Nos proponemos arrebatarle el mercado de la marihuana a la acción clandestina y tratar a la adicción severa como una enfermedad peligrosa”, dijo en una nota publicada en Presidencia uruguaya.

El presidente de Uruguay, José Mujica, reiteró este jueves que su proyecto para legalizar la marihuana apunta a luchar contra el narcotráfico y advirtió que aún en esta materia la acción policial "tiene sus límites".

"La sociedad uruguaya estará inerme si sólo espera de la acción policial" (en la lucha contra las drogas) que "tiene sus límites", escribió Mujica en una columna de opinión en el sitio digital de presidencia.

"Nos proponemos arrebatarle el mercado de la marihuana a la acción clandestina y tratar a la adicción severa como una enfermedad peligrosa", explicó en el texto.

Mujica sorprendió la semana pasada al solicitar a sus legisladores que frenaran el proyecto que él mismo presentó al Parlamento y que ahora evaluaba una comisión de Diputados argumentando que la sociedad "no está madura".

Luego, aclaró que no había retirado la iniciativa, que cuenta con un nivel de desaprobación popular que supera el 60%, según distintas encuestas.

En la nota difundida esta mañana, el mandatario insistió en que "toda adicción es mala" y que se busca "influir en la puerta de entrada a la drogadicción para socavar la economía de un mercado que hoy existe".

"El consumo controlado y a la luz del día nos parece apuntar a lo que hizo el país con el estanco de alcohol, con la prostitución y su regulación", agregó Mujica.

Enfatizó que el proyecto de ley "es fruto del trabajo ponderado de varios legisladores" con base en su propuesta inicial.

Destacó que "en sus fases más avanzadas el narcotráfico envilece en general al mundo del delito" porque "introduce las prácticas de 'ajustes de cuentas', (y) de soborno combinado con amenazas".

Remarcó además que "en varios países el narcotráfico intervino en las campañas electorales. Por si fuera poco, usa las cárceles como cuarteles de organización y comando a distancia."

Según el proyecto de ley, el Estado asumiría "el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título,almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados".

Asimismo, ejercería "toda otra actividad material que resulte necesaria" para ejecutar esas actividades en el marco de "una política de reducción de daños que, asimismo, alerte a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana".