Según la Supercom, el alcalde como máxima autoridad del municipio capitalino se constituye como el responsable de "inobservar la prohibición de censura previa que establece el artículo 18 de la Ley de Comunicación".

La Superintendencia de Información y Comunicación responsabilizó al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, por un caso de censura previa y lo multó con diez salarios básicos unificados, es decir, con US$3.400.

Según la Supercom, el alcalde como máxima autoridad del municipio capitalino se constituye como el responsable de "inobservar la prohibición de censura previa que establece el artículo 18 de la Ley de Comunicación", luego de que el departamento de Comunicación de la entidad, por un error administrativo, suspendió la retransmisión del programa de entrevistas 'El poder de la palabra', del portal de noticias Ecuadorinmediato, en las radios municipales Distrito FM 102,9 y Municipal 720 AM.

Este hecho se dio entre los días 16 y 19 de mayo de este año.

Según la Supercom, "el Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y otros funcionarios municipales reconocieron el supuesto error administrativo y es responsabilidad de la máxima autoridad municipal  el cumplimiento de la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación".

La denuncia la presentó el gerente de Ecuadorinmediato, Francisco Herrera Aráuz, y el ciudadano Kléber Quintana. El primero argumentó censura previa, mientras que el segundo dijo que se vulneraron sus derechos de libertad de información.

A travéz de su página web,  Ecuadorinmediato expresó "su satisfacción por la resolución de la Supercom" a la que consideró histórica por ser la primera vez que se castiga a un funcionario público sancionado, según este, "como una persona que desde el poder ataca a la libertad de expresión".

La defensa del municipio, durante la audiencia el pasado 19 de diciembre, dijo que nunca se censuró el programa, ya que en el convenio con el portal web existe una cláusula que textualmente establece: “las partes podrían someterse libre y voluntariamente al proceso de mediación, en el centro de mediación de la Procuraduría General para solucionar cualquier disputa, reclamación que surja, relacionada con el convenio, incluyendo la terminación, invalidez, incumplimiento de cualquier gestión con el convenio, en caso de no llegar a una solución amigable”.