Las conversaciones, que se reanudaron este viernes después de haber sido suspendidas, se vieron empañadas por informes de actos de violencia en la capital, Managua, y desacuerdos entre los negociadores sobre la investigación internacional.
Managua. El Gobierno de Nicaragua y grupos de la sociedad civil llamaron este viernes a poner fin a la violencia tras dos meses de disturbios que han dejado 170 muertos, aunque el presidente Daniel Ortega no se refirió a una petición de los mediadores de la Iglesia para permitir elecciones anticipadas.
Las manifestaciones contra el Gobierno comenzaron a mediados de abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia para las víctimas, después de una violenta represión policial.
Los opositores también exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero izquierdista a quien sus críticos acusan de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una "dictadura familiar".
La Iglesia Católica, que actúa como mediadora, llamó al presidente a permitir elecciones generales anticipadas el próximo año como una manera de aliviar la tensión.
Ortega, cuyo tercer mandato presidencial consecutivo está programado para terminar en 2021, no abordó la solicitud en una carta dirigida a los mediadores, pero se mantuvo abierto a continuar este sábado con la negociación.
"El cese de la violencia es una necesidad básica. Los nicaragüenses necesitamos que no se siga produciendo más violencia", dijo a periodistas el canciller Denis Moncada, el principal negociador del Gobierno.
Los líderes civiles dijeron que estaban satisfechos con el acuerdo, que incluye la creación de un grupo de trabajo internacional para investigar los asesinatos durante las protestas.
También acordaron eliminar gradualmente, bajo la supervisión de organizaciones internacionales, cientos de barricadas improvisadas que han obstaculizado el tránsito y estrangulado el comercio de la pobre nación centroamericana.
"El acuerdo nos hace pensar en positivo y que la violencia no va a recrudecer", dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la organización que aglutina a los grupos de la sociedad civil.
"Si las condiciones empeoran, no sólo otro paro, sino que cualquier otra vía de protesta ciudadana pacífica, está sobre la mesa", agregó.
Miles de comerciantes y empresarios de todo el país participaron el jueves en un paro nacional de 24 horas para presionar por la renuncia del presidente.
Las conversaciones, que se reanudaron este viernes después de haber sido suspendidas, se vieron empañadas por informes de actos de violencia en la capital, Managua, y desacuerdos entre los negociadores sobre la investigación internacional.
Un testigo de Reuters escuchó disparos y vio a la policía avanzar con rifles de asalto en un vecindario cerca de un campus universitario. Los estudiantes han encabezado manifestaciones contra lo que dicen es el creciente autoritarismo del Gobierno de Ortega.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, que monitorea la violencia, dijo que 170 personas han muerto en las ocho semanas de enfrentamientos entre las fuerzas a favor de Ortega y los manifestantes armados con piedras, hondas y morteros caseros, y cientos más resultaron heridos.
