La reforma, que debe ser ratificada por el Legislativo en 2021 para entrar en vigencia, sigue a la reciente aprobación de leyes para regular a medios de comunicación y redes sociales, e impedir el financiamiento externo de partidos.
Managua. El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó este martes una reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua por delitos de odio, entre las críticas de opositores y organismos de derechos humanos que lo ven como una vía para que el Gobierno pueda perseguir a sus rivales políticos.
La reforma, que debe ser ratificada por el Legislativo en 2021 para entrar en vigencia, sigue a la reciente aprobación de leyes para regular a medios de comunicación y redes sociales, e impedir el financiamiento externo de partidos y organizaciones civiles.
Los parlamentarios leales a Ortega reformaron, con 70 votos a favor y 16 en contra, el artículo 37 de la Constitución, que establece que la pena máxima de cárcel no puede ser mayor a 30 años. Con la reforma, se exceptúan aquellos "crímenes crueles, degradantes, humillantes e inhumanos".
El próximo año están previstas elecciones presidenciales. El presidente Daniel Ortega, un histórico líder de la revolución sandinista en los años 1970 y 1980 y que encadena mandatos consecutivos desde 2007, podría optar a la reelección.
La cadena perpetua se aplicaría a quienes cometan "delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación en la comunidad nacional", dijo el diputado oficialista Wilfredo Navarro en el debate de la ley.
La vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, anunció en septiembre que el Gobierno iba a proponer una reforma para instaurar ese castigo, tras una serie de violaciones y feminicidios en varias partes del país.
Después anunció que el plan incluiría "crímenes de odio" de los que la administración de Ortega acusa a la oposición desde las protestas en su contra en 2018, saldadas con más de 328 muertos, según organismos de derechos humanos, la mayoría a manos de la policía y civiles armados leales al Gobierno.
"No es una reforma jurídica y penal. Es una reforma con intereses políticos para perseguir a los opositores", dijo Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
