La Corte Internacional de Justicia informó en un comunicado que la demanda señala que los proyectos de infraestructura ejecutados por Costa rica en el entorno del río San Juan, frontera natural entre ambos países, dañan el ecosistema de la zona.
Managua. El gobierno de Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Costa Rica, país al que responsabiliza de causar graves daños ambientales en su territorio.
La Corte Internacional de Justicia informó en un comunicado que la demanda señala que los proyectos de infraestructura ejecutados por Costa rica en el entorno del río San Juan, frontera natural entre ambos países, dañan el ecosistema de la zona.
"Las acciones unilaterales de Costa Rica amenazan con destruir el río San Juan y su frágil ecosistema, incluidas las reservas de la biosfera y de los humedales que dependen del flujo limpio e ininterrumpido del río para su supervivencia"”, señala la demanda según informa Europa Press.
Añade que la amenaza más inmediata es la construcción de una carretera muy cerca de la orilla izquierda del mencionado río.
Indica que en el marco de esta construcción se han arrojado al río grandes cantidades de sedimentos, hecho que amenaza la calidad del agua, la vida acuática, la flora y fauna.
Asegura que la construcción de la carretera "tendrá un grave impacto ambiental por la degradación del suelo y la deforestación que provocarán las actividades agrarias e industriales que Costa Rica pretende desarrollar en su territorio, con el consecuente daño económico a Nicaragua".
Por ello, el gobierno de Nicaragua busca que la Corte Internacional de Justicia obligue a Costa Rica a detener cualquier obra que pueda contaminar el ecosistema, así como a restaurar el “status quo” y pagar una indemnización por los daños causados.
En octubre de 2010, Costa Rica denunció que el dragado del río realizado por Nicaragua había causado un grave daño ambiental, además de acusar una violación de su soberanía por la incursión de militares y civiles nicaragüenses en su territorio.
Por ello, la Corte Internacional de Justicia prohibió a ambos países a desplegar policías y militares en la zona fronteriza en disputa.
