El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy, y su vicepresidente, Álvaro Vargas, son miembros de la Alianza Cívica, un grupo opositor que ha sufrido la detención de dos precandidatos a la presidencia.

La policía de Nicaragua detuvo este jueves a los dos principales directivos de la mayor asociación empresarial del país, en medio de una ola de aprehensiones de opositores desde hace cuatro meses, antes de las elecciones presidenciales de noviembre, informaron el gremio y autoridades.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy, fue capturado al salir de una entrevista en la Fiscalía, y su vicepresidente, Álvaro Vargas, en su casa. Ambos son miembros de la Alianza Cívica, un grupo opositor que ha sufrido la detención de dos precandidatos a la presidencia.

En un comunicado, la policía local dijo que los ejecutivos son acusado de "lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del estado y la sociedad nicaragüense", así como de llamar a la intervención extranjera y pedir sanciones contra el país centroamericano.

Desde junio, la policía ha detenido a unos 38 líderes opositores, suspendido a un partido rival y retenido papel para periódicos, en medio de las críticas de la comunidad internacional, que ha denunciado abuso de poder y ataques a la libertad de expresión y al voto libre en las urnas.

El COSEP exigió en un comunicado la inmediata liberación de sus miembros y calificó las detenciones como "ilegales" y "arbitrarias".

"Estas acciones represivas del Gobierno evidencian un ataque directo al COSEP y sus principales dirigentes, lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos", aseguró el gremio. "Nicaragua necesita respeto a los derechos humanos y democracia".

El 7 de noviembre, los nicaragüenses acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y renovar el Congreso. El actual mandatario, Daniel Ortega, buscará una nueva reelección para extender su presidencia, iniciada en 2007 cuando retomó el poder tras un primer gobierno entre 1985 y 1990.

Diversos actores políticos locales e internacionales han llamado a celebrar unos comicios "justos" y liberar a los opositores apresados. El miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que expresó su "alarma" por las acciones del Gobierno, al que acusó de minar el proceso electoral.