El secretario general de la OEA expresó "su profunda preocupación" por los hechos que han ocurrido en Managua y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo.

Managua. La tensión política resurgió en Nicaragua con manifestaciones, algunas de ellas violentas, de partidarios del presidente Daniel Ortega contra líderes opositores, derivada de una polémica en torno a la elección de magistrados, lo que despertó preocupación de la OEA.

Al menos dos vehículos de opositores resultaron incendiados este miércoles en una protesta ante la sede de un grupo de apoyo del ex candidato presidencial de derecha Eduardo Montealegre, uno de los líderes de la oposición que llamó a Ortega a detener lo que calificó como "terrorismo de Estado".

En el lugar, donde partidarios de Ortega protestaron con petardos artesanales, también resultó con lesiones por golpes un reportero del canal de televisión oficialista.

Este martes, cientos de partidarios de Ortega atacaron con piedras y morteros artesanales un hotel que servía de sede a una reunión de legisladores opositores en una céntrica avenida, provocando daños en ventanales y vehículos, y golpes leves a un diputado. La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

El jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó en un comunicado "su profunda preocupación" por los hechos que han ocurrido en Managua y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo.

Los partidarios de Ortega realizan desde este martes concentraciones ante la sede de la Asamblea Nacional para presionar a los diputados de oposición a que acudan a las sesiones y se escoja al menos 25 cargos públicos, entre ellos magistrados electorales y judiciales.

La oposición acusa a su vez a los manifestantes de impedirle ingresar a la sede de la Asamblea Nacional y se había negado a iniciar las sesiones al parecer por no contar con al menos 47 votos, que harían la mayoría en el plenario de 92 asientos para rechazar el decreto.

Ortega, que gobernó por primera vez en la década de 1980, emitió en enero un decreto en el que extendió el mandato de algunos cargos que ya se vencieron mientras la asamblea no seleccione a los reemplazos.

Esto es rechazado por la oposición, que considera el decreto una intromisión del Ejecutivo para mantener el apoyo en instituciones para sus aspiraciones de reelección, amparado en un fallo de la Corte Suprema que en octubre desestimó una prohibición constitucional para hacerlo.

El partido de Ortega también busca reelegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, pero la oposición lo rechaza porque asegura que actúan con parcialidad a favor del Gobierno.