El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó a una mesa de diálogo a la oposición, que ya nombró a su equipo negociador. El objetivo es salir de la grave crisis que estalló a mediados de 2018.

Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó a una mesa de negociación  política con la oposición. El objetivo del gobierno es solucionar la  crisis política desatada por protestas que han dejado más de 320 muertos.

El mandatario dijo que el gobierno realiza esfuerzos para "instalar la mesa para la negociación el próximo miércoles 27" con representantes que la oposición determine.

Asimismo, Ortega anunció que el objetivo del diálogo será "abrir una nueva ruta (de entendimiento) porque ya no podemos hablar de volver a la situación anterior (a las protestas). Esta es una etapa que se quemó; la quemaron con todo ese terror a partir de abril", afirmó.

El anuncio fue hecho por Ortega, durante un acto de conmemoración por el 85 aniversario de la muerte del líder Augusto Sandino.

Reacción opositora. Por su parte, la Alianza Cívica, que agrupa a empresarios, estudiantes y organismos de la sociedad civil, nombró a través de un comunicado a su equipo de negociación integrado por seis miembros titulares con sus suplentes e igual número de asesores.

La delegación estará encabezada por los presidentes de las dos principales patronales de Nicaragua, José Adán Aguerri y Mario Arana, respectivamente, y el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro. También por el político opositor y exvicecanciller José Pallais, el académico y antiguo embajador en Estados Unidos Carlos Tünnermann, y el líder estudiantil Max Jérez.

La convocatoria se da en un momento en que el gobierno enfrenta una crisis financiera con un déficit de US$315 millones. El PIB cayó 4% en 2018 y para este años puede caer un 11%, según gremios económicos.

El gobierno interrumpió el diálogo a mediados del año pasado en un contexto de crisis y violencia que dejó cientos de muertos, más de 700 detenidos y miles de personas refugiadas en países vecinos. La situación le supuso un gran costo político al gobierno de Managua en términos internacionales. 

Lo cierto es que ni el gobierno ni la oposición mencionaron los puntos de agenda ni el local para las conversaciones.