El retiro del Pacto de Bogotá, anunciado por el presidente Juan Manuel Santos si bien blinda al país ante futuras demandas, no modifica en nada la sentencia, que reiteran analistas consultados por El Espectador, es “inapelable”.

La estrategia del gobierno colombiano tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que dejó en manos de Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar antes bajo soberanía colombiana, parece no estar dando los resultados esperados.

El retiro del Pacto de Bogotá, anunciado por el presidente Juan Manuel Santos si bien blinda al país ante futuras demandas, no modifica en nada la sentencia, que reiteran analistas consultados por este medio, es “inapelable”.

Fabián Augusto Cárdenas, docente de derecho internacional público de las universidades de Los Andes y la Nacional y miembro fundador de la Academia Colombiana del Derecho Internacional, explicó que “la denuncia del Pacto, hay que entender al presidente, fue como un acto simbólico político, como para decir que estamos en desacuerdo con la Corte Internacional de Justicia, pero jurídicamente los efectos para el caso de Nicaragua son casi nulos porque solo se cesan un año después de la comunicación de retiro. Durante ese tiempo, Colombia puede demandar y puede ser demandado hasta dentro de un año, cuando se hace efectivo el retiro. De hecho, los casos que ya estaban ante la corte siguen su curso normal”.

En declaraciones al periódico La Prensa, el agente de Nicaragua en La Haya, Carlos Argüello Gómez, y el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia Sacasa, afirmaron que el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá no afecta la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

“La denuncia del Pacto de Bogotá no tiene ningún efecto sobre el fallo, es cosa juzgada, es un juicio terminado, así es que, para atrás no tiene ningún efecto”, aseguró Argüello Gómez, quien dijo no se entiende la actitud de Colombia. “Veo lamentable que un país como Colombia esté denunciando un pacto tan importante para todas las Américas, pero en fin, esas son realidades con las que ellos quieren vivir. Es un asunto de ellos”.

Por su parte, Herdocia afirmó: “Lo que Colombia busca es que ningún Estado pueda llevarla en juicio ante la Corte Internacional de Justicia, lo cual es triste. Dentro de un año, si bien los Estados no podrán llevar a Colombia ante la Corte, tampoco Colombia podrá ejercer esta posibilidad, pues quien cierra las puertas a los demás, se cierra las puertas a sí misma, en un mundo donde el conflicto siempre está presente y siempre habrá países más poderosos que pretendan imponer su voluntad. El Pacto de Bogotá es la víctima inocente en esta disputa entre Nicaragua versus Colombia”.

El secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que la retirada de Colombia del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, acarrea un daño para el sistema interamericano.

“Lo que yo siempre he tratado es lograr que la mayor parte de estados latinoamericanos y del Caribe y también de América del Norte suscriban y ratifiquen los tratados de la organización, por lo tanto siempre una salida es un perjuicio, siempre ciertamente es un daño”, dijo Insulza a la prensa.

Previamente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) había confirmado a Efe la recepción de la nota de denuncia del tratado por parte de Colombia, que tomó esa decisión en rechazo al fallo de la CIJ que definió nuevos límites marítimos con Nicaragua. “El trámite está en marcha”, aseveró, quien no dio más detalles sobre ese procedimiento.

Factor Ecuador. Por su parte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo que el retiro de Bogotá del Pacto no afectaba en nada la demanda de su país ante la CIJ por los efectos en su territorio por fumigaciones con glifosato. “La salida de Colombia no afecta las decisiones que tomen los organismos que judicialmente tratan los temas internacionales. Será para el futuro que tienen un efecto, pero no para el pasado”, explicó Patiño a la prensa.

Ecuador inició su caso en la CIJ en marzo de 2008, en protesta por los supuestos efectos en su territorio de las fumigaciones aéreas con herbicida tóxico sobre plantaciones de coca por parte de Colombia. El país andino argumenta en su demanda que "las aspersiones ya han causado daños serios a la población, el grano, animales y al medio ambiente natural de la parte ecuatoriana de la frontera, y supone grave riesgo de causar daño en un futuro".

Ecuador pide que se le indemnice por el supuesto daño causado, refiriéndose a la muerte o problemas de salud de los habitantes de la zona, los daños materiales y los perjuicios a los recursos naturales.