En el último año los feminicidios han aumentado en Nicaragua a pesar de que en 2013 se aprobara una ley para combatirlos. Los entresijos de una problemática regional en donde se mezcla historia, iglesia y política.

En lo que va del año 48 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua, la mayoría dentro de sus casas y a manos de su (ex) pareja. Por ello, la primera dama Rosario Murillo, juezas, magistradas y ministras iban a marchar el 11 de julio en contra de la violencia de género. La marcha sin embargo fue cancelada a última hora.

A esta marcha no habrían acudido ni Klemen Altamirano de la Colectiva de Mujeres de Masaya, ni María Teresa Blandón, directora de la organización feminista La Corriente. Las dos forman parte de la Red de Mujeres contra la Violencia, que aglutina a más de 60 organizaciones feministas: “Ninguna organización feminista nicaragüense habría participado de la marcha”, afirma Blandón.

¿Por qué? Hubiese sido “esquizofrénica”, dice Klemen Altamirano. “Significaría que los funcionarios estatales están demandando el cumplimiento de una ley, cuando el mismo Estado reformó dando pie a la mediación, un mecanismo de presión para que la víctima continúe con el agresor. Por eso ha aumentado la violencia, pues no lleva a cambios de conducta y revictimiza a las mujeres”.

La celebrada ley y su controvertida reforma. Lejos de creer que con la Ley contra la violencia a la mujer (la ley 779) iba a ser una poción mágica que solucionara la violencia machista, ésta fue celebrada como un logro por los movimientos sociales feministas.

“La 779” tipifica el feminicidio, prevé hasta 30 años de prisión para el agresor y medidas de protección para las víctimas. Entró en vigor en julio de 2012, pero poco después fue reformada por la Asamblea con mayoría oficialista, con respaldo de las Iglesias, tanto católica como evangélica.

“Esto sumado a la impunidad –de los 48 agresores apenas 7 están en la cárcel, 3 se han suicidado y al resto la Policía no logra detenerlos- es un caldo de cultivo para que la violencia no cese”, explica Blandón.

Su organización participa desde hace un año de la intensa campaña a nivel nacional para visibilizar la impunidad, la falta de recursos para las políticas de género, las falencias en la educación temprana antimachista, la poca asistencia médica a las víctimas de abuso sexual, las vulneraciones oficiales a la ley.

“La misma Policía vulnera la ley 779, porque ahora –aunque en el texto se dice que es un delito de orden público- sostienen que si no es la víctima la que interpone la denuncia no puede actuar”, denuncia Blandón. Es más, en recientes declaraciones, el número de las mujeres asesinadas ha sido relativizado por altos funcionarios.

Al parecer tanto el anuncio de la marcha como su cancelación ha tomado por sorpresa a las activistas. En cualquier caso, “no hemos visto una actitud autocrítica de las principales instituciones. Nosotras suponemos que detrás de eso había más bien una especie de manipulación para quitarle protagonismo a nuestras organizaciones”, dice Blandón.

Un fenómeno que viene de lejos. “En muchos países de América Central, los feminicidios lejos de disminuir han aumentado, aun cuando éstos cuentan con leyes específicas para combatirlos”, dice a DW Erika González, responsable en Bruselas de Grupo Sur –una red de organizaciones no gubernamentales europeas entre las que se encuentra Oxfam Bélgica y Terres des Hommes Francia. Grupo Sur visibiliza esta problemática, tanto en América como en Europa, y aboga por directrices que protejan a las mujeres y acaben con la impunidad de sus victimarios.

Efectivamente, un estudio realizado por Diakonia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, registra un aumento de los feminicidios en América Central. En Guatemala en 2001 hubo oficialmente 303 feminicidios, en 2012 fueron 707. En El Salvador la cifra creció de 207 a 320 en el mismo periodo. Y en Nicaragua de 71 a 83.

"En el caso específico de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hay que tener en cuenta que son países que vienen de años de dictaduras militares, de autoritarismo, de violencia y violación a los derechos humanos. Todo esto no es ajeno a la violencia a las mujeres”, explica Blandón, subrayando que hasta hace muy poco tiempo esta última no se reconocía como violación a los derechos humanos.

Además “en estos países no se presiona mucho para hacer cumplir las leyes y, aunque sí existen mecanismos, no son lo suficientemente fuertes”, critica Altamirano.

Así la situación, las activistas no habrían participado de la marcha oficial. Pero no dejan de organizar manifestaciones y plantones en diferentes puntos del país para recordar, entre otros a la Policía, los nombres de las mujeres asesinadas y el de los victimarios “que no se han molestado en capturar”, concluye Altamirano.