Andreína Tarazón, también ministra para la Mujer, negó que se trate de una ley "que atente en absoluto contra el empresariado, sino que más bien va a beneficiar a todos los eslabones de la cadena productiva, principalmente a los comerciantes".

Caracas. La superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, Andreína Tarazón, explicó este martes que la nueva Ley de Ganancia, Costos y Precios Justos tiene el propósito de democratizar el acceso a los bienes y servicios e incentivar la producción nacional.

En entrevista con el canal privado Globovisión, Tarazón, también ministra para la Mujer, negó que se trate de una ley "que atente en absoluto contra el empresariado, sino que más bien va a beneficiar a todos los eslabones de la cadena productiva, principalmente a los comerciantes".

Tarazón destacó, además, que la dirigencia del país está convencida de que con base en la Ley se podrán equilibrar los desniveles entre la importación y la producción, para que a los venezolanos les parezca más atractivo producir en el país.

"Nosotros tenemos que ir hacia el avance de una cultura de la producción nacional", dijo.

Añadió que los márgenes de ganancia establecida por la legislación y que tiene como tope máximo el 30%, es alta con base en los límites que implantan muchos países desarrollados.

Dijo que el 30% de ganancia tope "va aparte del costo de producción, que incluye desde la compra de la materia prima o importación del producto, alquiler del local, gastos en electricidad, pago de salarios a trabajadores, entre otras cosas que le cuesten al empresario colocar el bien o servicio a la venta".

Explicó que la ley tiene el objetivo de proteger a los pequeños comerciantes que son también víctimas de una cadena especulativa que pasa "a través de la perversidad de los distribuidores que vende hasta en un 4.500% al pequeño comerciante y ese precio termina pagándolo la gente".

Tarazón recordó que el gobierno bolivariano mantiene abierto el diálogo con los empresarios venezolanos honestos que están interesados en desarrollar e incrementar la capacidad productiva de la nación, pero quienes insistan en burlar la ley serán sancionados.

"Para aquellos que no se ajusten a las normas no tenemos otra opción que aplicar la Ley. Más allá del Gobierno Bolivariano hay una fuerza inmensa de trabajadores para poner en marcha este tipo de servicios que van a estabilizar la economía. Tenemos el deber de proteger a nuestro pueblo", insistió.

El lunes, la Superintendencia de Precios Justos publicó los criterios que utilizará para la determinación de las estructuras de costos de los productos o servicios, y servirá para la fijación de los precios justos, de acuerdo con la Ley Orgánica que entró en vigencia el pasado 23 de enero.