El código penal establece nuevos delitos sancionados con penas de cárcel por mala práctica profesional, feminicidio, sicariato, tráfico de emigrantes y trata de personas; y tipifica algunas figuras legales que causan polémica como la de pánico financiero.

El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que entrará en vigor este domingo, verá la luz en medio de críticas de sectores de la oposición que temen un mayor nivel punitivo del Estado.

Y es que el código penal establece nuevos delitos sancionados con penas de cárcel por mala práctica profesional, feminicidio, sicariato (asesinato por encargo), tráfico de emigrantes y trata de personas.

También la venta de licor a menores, el pánico financiero, la desaparición forzosa, la no afiliación de trabajadores a la seguridad social y la retención ilegal de los aportes de los empleados a ese servicio público y el enriquecimiento privado no justificado, entre otros.

Para el asambleísta conservador Luis Fernando Torres, con el cuerpo legal se sancionarán "nuevos delitos" y habrá "más poder punitivo del Estado", según escribió en su cuenta de Twitter.

No obstante, Torres, que ha cuestionado también la figura de pánico financiero, consideró que la normativa, que entra en vigor este domingo, establece "algunas garantías en procedimiento y penas".

Por su parte, Fundamedios, una fundación sobre libertad de expresión que ha sido crítica con el Gobierno, expresó su temor de que la entrada en vigor del COIP pueda "limitar el derecho a la libertad de expresión y ser una herramienta de persecución de ciudadanos críticos con el poder".

Fundamedios, en un comunicado que recoge el criterio de algunos abogados, señala que varios tipos penales incluidos en el Código "dejan a la interpretación (de los jueces), lo cual podría resultar 'peligroso' en un sistema judicial que ha sido cuestionado por su falta de independencia".

Según esa organización, la discriminación como delito, las sanciones a quienes provoquen pánico financiero, la difusión de información restringida, el delito contra la honra y el de rebelión dejan abierto un gran portón a la interpretación de los jueces.

La conclusión de Fundamedios, de acuerdo al criterio de los juristas que entrevistó, es que, "si bien los artículos mencionados podrían constituir una amenaza al derecho a expresarse libremente", lo más cuestionable del Código es, para ellos, "el aumento innecesario de penas".

El Gobierno, por su parte, ha calificado la nueva normativa como una de las más importantes para el país y que, según el presidente de la República, Rafael Correa, será reconocida en el futuro.

La Asamblea Nacional (Parlamento) recordó que esta reforma se produce después de casi 80 años de vigencia de una añeja normativa penal, lo que "constituye un paso sumamente importante para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana".

También el Código, según un texto de la Asamblea, impulsa "la eficiencia y eficacia en la administración de justicia, como parte de la lucha sin cuartel contra la impunidad".