La legislación, que llega un mes después de las históricas protestas antigubernamentales, prohíbe la difusión de noticias o mensajes falsos y contenidos considerados ofensivos o que "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público".

Cuba introdujo esta semana controles más estrictos sobre el uso de las redes sociales, incluida la prohibición de publicaciones que pudieran dañar "el prestigio del país", lo que irritó a muchos ciudadanos y activistas de derechos internacionales.

El Decreto 35, publicado el martes en la Gaceta Oficial, se conoce un mes después de las protestas antigubernamentales, las mayores en el país en décadas, cuya difusión fue, en parte, información compartida en las redes sociales.

La legislación prohíbe la difusión de noticias o mensajes falsos y contenidos considerados ofensivos o que "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público".

Además, proporciona un canal para que los cubanos informen sobre posibles infracciones.

Aquellos que hayan intentado "subvertir el orden constitucional" serán considerados ciberterroristas. No dice cuáles serán las sanciones por las infracciones.

"Nuestro #DecretoLey35 va contra la desinformación y la ciber mentira", dijo en un Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha culpado de las protestas del 11 de julio a una campaña en línea de contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos.

Analistas cubanos compararon la medida con el totalitarismo visto en el libro "1984" de George Orwell, al decir que temían que las vagas definiciones de lo que constituye una violación permitieran una implementación arbitraria.

Desde la introducción de Internet móvil hace poco más de dos años en el país, las plataformas como Facebook y WhatsApp han permitido a los cubanos compartir quejas e incluso movilizarse en una isla donde los espacios públicos están estrictamente controlados.

"Cuba está formalizando la represión digital", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, al señalar que el Estado ya tenía el monopolio del acceso a Internet, que se redujo durante y después de los disturbios del 11 de julio.

Una legislación similar sobre "delitos cibernéticos" el año pasado la ha utilizado para amordazar a la oposición, dijo.

El nuevo Decreto de Cuba ordena explícitamente al monopolio estatal de las telecomunicaciones suspender los servicios a usuarios que hayan cometido infracciones, en coordinación con las autoridades pertinentes.

"Ni siquiera podemos hablar". Funcionarios cubanos han argumentado durante mucho tiempo que el diálogo está permitido pero solo "dentro de la revolución", para presentar un frente unido contra Estados Unidos, que historicamente ha buscado de manera abierta forzar un cambio político en el país.

El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba trabajando con el sector privado y el Congreso para buscar formas de hacer que Internet sea más accesible al pueblo de Cuba.

Algunos cubano-estadounidenses han utilizado las redes sociales para alentar a los cubanos en la isla a levantarse contra el gobierno e incluso instaron a cometer actos de sabotaje.

Pero muchos jóvenes cubanos sostienen que eso no debe ser una excusa para que se les prohíba expresarse y han recurrido a las redes sociales para criticar la nueva medida, promulgada un mes después de los disturbios que resonaron con gritos de "libertad".

"Ahora ni siquiera podemos hablar", dijo un médico, bajo condición de anonimato, que había participado en un video denunciando las pésimas condiciones laborales en medio de la crisis del COVID-19 en Cuba.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que Cuba "no debe castigar a quienes dicen la verdad", mientras que el embajador británico en La Habana, Antony Stokes, escribió en Twitter que la reciente represión contra manifestantes y la censura incorporada en el Decreto 35 "silenciaría las voces legítimas".

Eloy Viera, un analista legal cubano que vive en Canadá, dijo que el Decreto 35 delineó las regulaciones en lugar de actualizar el código penal, por lo que no daría lugar a penas de cárcel para quienes lo transgredan.

Pero es una medida más severa y explícitamente política para regular la expresión en línea que un decreto anterior de 2019 que prohíbe la "difusión de información contraria al bien común, la moral, la decencia y la integridad", agregó.

Críticos del gobierno han enfrentado multas bajo ese decreto. Pero al final no había sido efectivo y tampoco, probablemente, lo sería el Decreto 35, añadió.

"No podrán aplicarlo a todo por el descontento de los cubanos, que han encontrado en las redes sociales un espacio que no existe en lugares públicos del país", señaló.