Hoy más de 2.000 personas han sido procesadas y unos 500 represores han sido condenados por los delitos cometidos contra unas 2.800 víctimas, según cálculos de la organización "Hijos", que agrupa a hijos de víctimas de la dictadura.

Treinta años después del "Nunca Más", el informe que documentó los horrores de la dictadura militar, Argentina ha sentado en el banquillo a cientos de responsables de la represión y ha abierto la puerta a juicios contra civiles que participaron en los delitos de lesa humanidad.

El informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), la "comisión de la verdad" argentina, documentó los crímenes de la dictadura y sirvió de base para el histórico juicio a las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983.

No fue fácil para los integrantes de la Comisión redactar el informe, conocido popularmente como "Nunca Más" por la frase que inmortalizó su presidente, el escritor Ernesto Sábato, en el prólogo.

Creada en diciembre de 1983, inmediatamente después de la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín tras la dictadura, sus miembros recopilaron durante nueve meses datos y denuncias sobre desapariciones, secuestros y torturas de boca de las víctimas y de sus familiares y llegaron a elaborar 50.000 páginas sobre las violaciones del terrorismo de Estado.

Integrada por trece personas, juristas, académicos, científicos, como René Favaloro, representantes de las distintas iglesias, filósofos, el escritor Ernesto Sábato y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el trabajo de la Comisión fue avalado por el Parlamento y por organismos de Derechos Humanos.

Sus miembros trabajaron en el edificio que hoy ocupa el Centro Cultural San Martín, en la emblemática avenida Corrientes, y aguantaron críticas de partidos de derecha e izquierda e incluso amenazas en una Argentina todavía convulsionada por la herencia del régimen militar.

El informe, considerado como uno de los documentos históricos y jurídicos más importantes en la lucha contra las violaciones de Derechos Humanos, documentó unos 9.000 casos de víctimas e incluyó testimonios de exiliados.

El 20 de septiembre de 1984, entregaron su trabajo a Alfonsín en la Casa Rosada arropados por una multitud y un año más tarde comenzó el histórico juicio a las Juntas Militares, que sentó en el banquillo a los presidentes de facto.

Hoy, 30 años después y tras la anulación de las polémicas leyes del perdón impulsadas por el ex presidente Carlos Menem, más de 2.000 personas han sido procesadas y unos 500 represores han sido condenados por los delitos cometidos contra unas 2.800 víctimas, según cálculos de la organización "Hijos", que agrupa a hijos de víctimas de la dictadura.

Queda todavía mucho por hacer considerando que, según estimaciones del ministerio de Defensa, miles de personas participaron en el aparato represivo militar entre 1976 y 1983, aunque en 2012 se dio un empujón a los procesos con la apertura de las llamadas "megacausas".

Algunas de las megacausas más importantes son las de las cárceles clandestinas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), en Buenos Aires; La Perla, en Córdoba; o la Jefatura de Inteligencia de Tucumán, que agrupan los casos de 1.500 víctimas con 150 acusados.

Además, la Justicia argentina ha dado un paso adelante con los procesos a civiles vinculados con los crímenes de lesa humanidad y, más recientemente, con el primer juicio a médicos de las cárceles clandestinas por su vinculación con el robo de bebés.

En estas tres décadas, organizaciones humanitarias como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han seguido adelante con su trabajo de denuncia e identificación de víctimas.

Madres acaba de cumplir su marcha número 1.900 en reclamo de justicia y Abuelas celebra el hallazgo de 115 nietos, entre ellos Guido, nieto de la titular de la organización, Estela de Carlotto que, después de 37 años de búsqueda.

Carlotto logró este agosto cumplir la promesa que hizo sobre la tumba de su hija Laura -secuestrada cuando estaba embarazada y asesinada por los militares poco después de dar a luz- y recuperar a su nieto.

Su caso, explicaba Carlotto en una reciente entrevista con Efe, ha provocado un "movimiento" inédito de llamadas y peticiones de argentinos que dudan sobre su identidad real y que "seguramente a corto plazo nos permitirá hacer buenos y nuevos anuncios".