El presidente Obama podría haber considerado una ley que mejore la atención médica, la haga más barata y más segura a través de un proceso descentralizado de innovación. En cambio, lo hizo de una manera que podría “echar a la calle” a más estadounidenses que nunca antes.

La ley de salud que el presidente Barack Obama firmó el 23 de marzo pasado se encuentra entre las más radicales leyes en la historia de EE.UU. Para el 2014 habrá inscrito a toda la población estadounidense en un esquema de seguro de salud obligatorio. Si la ley merece o no ser vista como una reforma, depende de la perspectiva que uno tenga. En la izquierda, la ley es una reforma tímida. No llega a establecer un sistema de salud con ‘un solo pagador’, como el que rige en Canadá o Inglaterra, ni tampoco logra establecer una ‘opción pública’ robusta que compita con las aseguradoras privadas.

“ObamaCare” también enfurece a la derecha, la cual considera que la ley es un gran salto al socialismo -los conservadores consideraron apropiado que el camarada Fidel haya denominado a la nueva ley “un milagro”-. Los que respaldan la ley, mientras tanto, probablemente sintieron que la aprobación moderada del presidente francés, Nicolas Sarkozy, era más apropiada: “bienvenidos al club de países que no echan a la calle a sus enfermos”.

Pareciera que EE.UU. se merece ambos tipos de sistema de salud que ya están desbordando de sinsentido. Pero el presidente Obama ahora ha emitido tal garantía. Casi todos los residentes legales de EE.UU. deben comprar un seguro de salud para el 2014 y si no lo hacen serán sujetos a multas y encarcelamiento. Las aseguradoras privadas pueden variar los premiums basándose en la edad y su estatus de fumador o no fumador, y en base a individuos versus familias, pero no pueden negarle cobertura a los enfermos ni cobrarles un premium más alto que a los demás. Aquellos quienes el gobierno considera incapaces de costearse su propia cobertura la recibirán directamente del gobierno o a través de un seguro privado subsidiado. Por lo que finalmente aparece -aunque sea en papel- la idea de que EE.UU. ya no le negará atención médica a las personas enfermas.

Hay, por supuesto, un largo trecho entre el dicho y el hecho. Los gobiernos en todas partes hacen un mejor trabajo emitiendo garantías que cumpliéndolas. Por décadas, el gobierno de EE.UU. ha garantizado atención médica para niños con ingresos bajos a través del programa Medicaid. Esa garantía, sin embargo, no evitó la muerte de Deamonte Driver, un niño de 12 años de Maryland. En 2007, Driver fue afectado por una infección abrumadora que empezó en un diente inflamado. Es absurdo que haya muerto, ya que esto pudo haber sido evitado con la simple extracción del diente, pero su madre no pudo encontrar un dentista dispuesto a aceptar los míseros pagos de Medicaid. Cerca de la mitad de los estimados 32 millones que no están asegurados y que recibirán cobertura bajo la nueva ley, pueden esperar la misma garantía que Driver recibió.

De hecho, cada miembro del “club” de Sarkozy tiene sus historias de personas enfermas que han sido “echadas a la calle”, de una manera u otra, a pesar de leyes que oficialmente garantizan que tales cosas nunca sucedan. En 2005, la Corte Suprema de Canadá escribió acerca del sistema Medicare de su país: “el acceso a una lista de espera no es acceso a atención médica. Como indicamos anteriormente, hay evidencia contundente de que en casos serios, los pacientes mueren como resultado de las listas de espera para recibir atención médica pública”.

Los ingleses, mientras tanto, frecuentemente parecen estar más contentos permitiendo que el Servicio Nacional de Salud engañe a sus pacientes en lugar de permitir que un estadounidense les explique qué tantas veces esto sucede.

La triste historia de garantías gubernamentales es la razón por la cual muchos estadounidenses -una mayoría, de hecho- se oponen a la nueva ley del presidente Obama, la cual ellos creen moverá a EE.UU. más hacia el mundo ideal de Sarkozy.

Considere el requisito de que las aseguradoras le cobren a cualquier persona de determinada edad el mismo premium, sin importar su estado de salud. A pesar de sus tonos de compasión, este requisito efectivamente le negará atención a los estadounidenses enfermos que están contentos con su cobertura actual. Si asegurar a las personas saludables cuesta US$5.000 y cuesta US$25.000 asegurar a las personas enfermas, obligar a las aseguradoras a que todos paguen el mismo premium de US$10.000 convierte a cada persona enferma en una responsabilidad de US$15.000. Como resultado de esto, los planes de seguro que proveen atención de calidad a aquellos pacientes enfermos quebrarán rápidamente, como lo confirman las investigaciones de uno de los consejeros económicos del presidente Obama. Si las aseguradoras privadas quieren sobrevivir, entonces harán lo que sea que puedan hacer para evitar a los enfermos, incluso les negarán reclamos, porque eso es lo que los controles de precio del gobierno recompensan.

O considere cómo esos mismos controles de precio podrían causar que los mercados privados colapsen. Mi colega Victoria Payne y yo calculamos que bajo la ley de Obama los individuos saludables podrán ahorrar US$3.000 anualmente -y las familias de cuatro tanto como US$8.000- abandonando su cobertura, pagando las multas y esperando a estar enfermos para comprar la cobertura nuevamente. Como las aseguradoras serían obligadas a darles cobertura al premium estándar, las personas saludables tendrían poco que perder.

Tal vez la solidaridad de los estadounidenses de igual manera los obligará a aflojar miles de dólares cada año a las empresas aseguradoras sin obtener nada a cambio. O tal vez las personas saludables abandonarán sus planes de seguro, los premiums subirán y todavía más personas saludables abandonarán su seguro de salud en un círculo cada vez más vicioso. Técnicamente, en cualquier caso, los estadounidenses enfermos todavía tendrán un derecho legal a la cobertura, pero puede que encuentren que esta ‘garantía’ vale poco cuando una aseguradora privada no los quiera o un gobierno no considere que su salud valga mucho. De mayor confianza serían las innovaciones que genuinamente hicieron de la atención médica más efectiva, barata y segura. Afortunadamente, sin importar cuales sean los defectos del sector de salud (y hay muchos), EE.UU. desde hace mucho se ha demostrado a sí mismo cómo su sistema conduce a la innovación médica, tanto técnica como administrativa.

Un estudio reciente del Cato Institute descubrió que en EE.UU. se han realizado gran parte de los avances médicos importantes a lo largo de los últimos 40 años. En algunas áreas, EE.UU. contribuye más innovaciones importantes que todas las demás naciones combinadas. Estas innovaciones están evitando que las personas enfermas sean “echadas a la calle” alrededor del mundo.

Además, cuando el gobierno estadounidense le ha dado a las fuerzas del mercado espacio para respirar, los empresarios han diseñado maneras innovadoras de proveer la atención médica. Planes de salud integrados, tales como el de Kaiser Permanente, el cual se ha desempeñado bien en comparación con el Servicio Nacional de Salud, reducen el costo de la atención y emiten récords en la medicina electrónica que hacen de la medicina algo mejor, más segura y más conveniente.

La innovación estadounidense también ha hecho de los seguros de salud algo más fiable. Hace décadas, los mercados privados atendían el miedo de que un paciente de US$5.000 podía convertirse en un paciente de US$25.000, al garantizar que sus premiums no subirían más rápido que el del resto del grupo asegurado, sin importar qué tanto se enfermaran. Los mercados privados ahora solo están a un paso de ofrecer el “santo cáliz” de los seguros de salud: cobertura que protege en contra de premiums más altos y hace que las aseguradoras compitan para cubrir a los enfermos, en lugar de evitarlos.

Los controles de precio que la ley de Obama impone sobre las farmacéuticas y los seguros de salud no permitirán que el mercado exprese la demanda de más innovaciones. Massachusetts emitió una ley casi idéntica en 2006, la cual ya está amenazando con extinguir la innovación en los sistemas de pago y provisión de atención médica. El presidente Obama podría haber considerado una ley que mejore la atención médica, la haga más barata y más segura a través de un proceso descentralizado de innovación. En cambio, él ha extendido el sistema más caro de atención médica a 32 millones más de personas. Y lo hizo de una manera que podría “echar a la calle” a más estadounidenses que nunca antes. Eso hace del ObamaCare un objeto atractivo para la derogación.

Esta columna fue publicado inicialmente en el centro de investigación de políticas públicas ElCato.org.