Un estudio de la OCDE arrojó que la mayoría de los mexicanos no denuncia la corrupción porque considera que no existirá ninguna diferencia al hacerlo.

La titular de la Función Pública, Arely Gómez, junto con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, presentaron el estudio sobre integridad en México, en el cual se señala que las reformas realizadas contra la corrupción, como la implementación del SNA, se deben implementar en todo el país.

El secretario de la OCDE expuso que la corrupción “es un flagelo para la competitividad económica del país, su imagen pública y el bienestar de sus ciudadanos. Empeora la desigualdad y la inseguridad y socava la confianza en el gobierno y las instituciones”.

Por su parte, Arely Gómez dijo que el “principal objetivo es recobrar la confianza de los ciudadanos en el gobierno y las instituciones”.

En el estudio la OCDE explica que a pesar de la renovación de los comités de ética y prevención de conflictos de interés que se realizó el año pasado, mediante lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que fijó que estos comités sólo tendrán un papel de prevención, éstos aún tienen un “rol sancionador”.

Por ello se recomendó que se lime cualquier obstáculo para que las unidades de responsabilidades de los órganos de control interno asuman su función.

Asimismo, el estudio puntualizó que a pesar de que las declaraciones de impuestos y bienes patrimoniales de los funcionarios públicos se incluye en la ley general de responsabilidades, se podría ampliar esta medida a todo el sector público.

Además, se sugirió que estas declaraciones sean verificadas y auditadas constantemente.

La OCDE colocó en un nivel bajo al país en la medición de transparencia y disponibilidad pública de intereses privados en el Poder Ejecutivo (apenas supera 40%), en comparación con Portugal, que cumplió a 100% con los niveles de transparencia en la materia.

Sobre las razones por las cuales los mexicanos no denuncian casos de corrupción, el estudio de la OCDE arrojó que la mayoría considera que no existirá ninguna diferencia al hacerlo, seguido del miedo a que, si se denuncia, se pueden sufrir consecuencias.

En este sentido, José Ángel Gurría hizo un llamado para que las leyes aprobadas -entre ellas el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)- sean implementadas en su totalidad en el país, y no acotadas por problemas de inconsistencias dentro de las administraciones locales.