El crimen organizado es la principal amenaza a la estabilidad económica y democrática de América Latina, pues no sólo amenaza, sino incluso impone y asesina a candidatos en los procesos electorales, alertó el organismo.
Ciudad de México. El narcotráfico es la principal amenaza a la estabilidad económica y democrática de América Latina, pues no sólo intimida, sino que también impone y asesina a candidatos en los procesos electorales, alertó Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la inauguración de la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Transnacional, efectuada en la Cancillería, Blackwell expuso que la actividad del crimen organizado ya genera más pobreza, desigualdad, muerte, corrupción migraciones descontroladas y disminución de la inversión.
En este encuentro, encabezado por el presidente Felipe Calderón, y donde estuvieron la procuradora general de la República, Marisela Morales, y la canciller Patricia Espinosa, el funcionario de la OEA informó que el flagelo del narco dejó en 2010 más de 357 mil muertes violentas en la región.
Narco impone a candidatos: OEA. Adam Blackwell advierte que el crimen también asesina a los aspirantes o coloca a su gente
El crimen organizado es la principal amenaza a la estabilidad económica y democrática de América Latina, pues no sólo amenaza, sino incluso impone y asesina a candidatos en los procesos electorales, alertó Adam Blackwell.
“La participación de estas bandas criminales en procesos electorales, amenazando o asesinando candidatos, e incluso imponiendo a sus propios candidatos, es un ejemplo más del riesgo que impone la delincuencia organizada sobre la preservación de nuestras instituciones democráticas”, aseguró en la inauguración de la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Transnacional.
Esta circunstancia, dijo, está generando más pobreza, desi-gualdad, muerte, corrupción, migraciones descontroladas y disminución de la inversión, así como pérdida de confianza en las instituciones democráticas.
El funcionario de la OEA informó que en 2010 este flagelo dejó más de 357 mil personas muertas de manera violenta en la región. En ese mismo año, alrededor de 200 millones de personas de América Latina y el Caribe, “alrededor de un tercio de todos los habitantes de la subregión, fueron víctimas de un delito, entre ellos más de dos tercios de todos los secuestros del planeta”.
Añadió que del total de las muertes violentas, cerca de 150 mil fueron homicidios dolosos en 2010; y de éstos, 75% fueron cometidos con arma de fuego, “siendo el continente americano la región del mundo en la que se cometen más homicidios por arma de fuego”. América Latina y el Caribe tiene alrededor de cinco mil 914 millones de habitantes.
El funcionario precisó que la delincuencia organizada transnacional es en gran medida responsable de esta situación, por ser el motor principal del tráfico ilícito de drogas, de armas, de la trata y tráfico de personas.
“En todas las esferas en las que actúa, genera situaciones que afectan la salud, la integridad física, el patrimonio, la libertad y la tranquilidad de los ciudadanos y pone en riesgo la estabilidad económica y la vulnerabilidad democrática en nuestra región.”
Blackwell señaló que las bandas criminales también afectan al turismo y las actividades productivas de una nación. Reconoció que vivimos “momentos críticos”, pues el crimen y la violencia son un grave freno para el desarrollo y el bienestar de la sociedad y son, al mismo tiempo, un desafío para el fortalecimiento institucional de los Estados.
Insistió en que, por eso, confrontar al crimen organizado no es sólo un imperativo socioeconómico y político “sino moral…debemos entender que es combatir lo más negativo de la naturaleza humana y promover valores de respeto, bienestar y convivencia pacífica”.
Blackwell hizo un llamado a los procuradores y fiscales de las naciones de la OEA a “dedicar la reunión hemisférica a todas las víctimas de este flagelo”.
En ese sentido, insistió en que el esfuerzo regional y de cada nación contra el narcotráfico no debe abandonarse “si los resultados parecen pequeños; esta lucha debe ser progresiva”.
Otro contrato social. Antonio Mazzitelli, representante en México y América Latina de la ONU contra las Drogas y el Delito, coincidió en que el crimen organizado y el narcotráfico amenazan “el desarrollo democrático” de la región.
Mazzitelli consideró que el terrible precio que la delincuencia “está haciendo pagar a los ciudadanos del hemisferio, la sangre de tantos servidores públicos, de los policías, de los fiscales y jueces de tantas víctimas inocentes, no será derramada en vano, sino que servirá para fortalecer las instituciones, para reescribir el contrato social”.
En tanto, James Cole, subsecretario de Justicia de Estados Unidos, precisó que “en los últimos 15 años, las redes delictivas transnacionales han forjado nuevas alianzas y de gran alcance entre sí y con figuras poderosas en los negocios y el gobierno”, lo que hace aun más difícil combatirlos.
Además, se han involucrado con un rango sin precedentes de actividades ilícitas que están desestabilizando a las naciones y a las poblaciones alrededor del planeta.
Destacó que, a pesar de que su gobierno ha dedicado recursos financieros y humanos a investigar la forma en la que operan estas organizaciones, requiere de la cooperación de la región para vencerlas.
La ceremonia, efectuada en la Cancillería, estuvo encabezada por el presidente Felipe Calderón, la titular de la PGR, Marisela Morales, la canciller, Patricia Espinosa, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
El encuentro hemisférico, que reunirá a los procuradores y fiscales de los 34 miembros activos de la OEA, tendrá dos días de intensas actividades, aunque éstas serán a puerta cerrada.
Asesinatos políticos. En el actual sexenio, cinco candidatos a algún puesto de elección popular fueron víctimas del crimen:
Destaca el asesinato del aspirante priista al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, emboscado el 28 de junio de 2010, en el municipio Soto la Marina.
Ese día, Torre Cantú iba hacia el aeropuerto, pero en la carretera Ciudad Victoria–Soto la Marina, un comando le atravesó un camión.
En cuanto se detuvo la comitiva, comenzaron a dispararles. En el lugar murieron seis personas y una más fue herida.
El 20 de agosto de 2009, Armando Chavarría, diputado local de Guerrero y aspirante a la gubernatura, falleció de dos impactos de bala dentro de su vehículo.
El 7 de abril de 2009 fue asesinado Gustavo Bucio Rodríguez, candidato a diputado federal suplente por el PRD.
Él era compañero de fórmula de Julio César Godoy Toscano, acusado de tener vínculos con el narco, medio hermano del ex gobernador michoacano, Leonel Godoy.
Otra víctima, que también disputaba un puesto de elección popular, fue José Mario Guajardo, quien contendía por la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas; murió el 14 de mayo de 2010.
Romero Núñez Montiel, candidato a alcalde de Jololalpan, Puebla, fue baleado, al igual que Gonzalo Amador Ortega, candidato a la alcaldía de Huauchinango, Puebla, quien fue asesinado el 24 de julio de 2010.
En el actual sexenio, al menos 174 funcionarios públicos y políticos han sido asesinados por el crimen.
Un recuento realizado por Excélsior en septiembre de 2011, suman 174 las víctimas del crimen, entre candidatos, alcaldes, legisladores y secretarios de Seguridad Pública estatal, entre otros.
El 16 de agosto de 2011, la oposición en Colombia denunció que los grupos armados asesinaron a 28 candidatos a gobernadores, alcaldes y concejales.
Partidos admiten riesgo de infiltración. El narcotráfico sí puede interferir e intervenir en las campañas y en los procesos electorales, advirtieron diputados de todos los partidos; por eso, consideraron que son los mismos institutos políticos los que tienen que impedir la participación del crimen organizado en los comicios.
El diputado priista Jorge Carlos Ramírez Marín aceptó que compete a los partidos blindar las elecciones, aunado a que las autoridades de seguridad “hagan su trabajo”.
En el mismo sentido, Francisco Ramírez Acuña, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, pidió a los actores políticos y a las autoridades redoblar la vigilancia para evitar que ingresen a las campañas recursos de la delincuencia.
Armando Ríos Piter, líder de los diputados perredistas, propuso establecer una coordinación entre todos los órdenes de gobierno, que incluye un pacto y una alianza, para encarar al crimen organizado no sólo en el contexto de la elección sino en el ámbito de una política de seguridad nacional.
De acuerdo con Ramírez Marín, “los partidos hemos hecho un esfuerzo muy grande, y les recuerdo la propuesta de blindaje del PRI, que por cierto retoma el IFE, para que seamos los partidos los que blindemos para evitar esas intervenciones; y lo demás le compete a las autoridades de seguridad”.
El priista aseveró que las autoridades deben garantizar las medidas que eviten la intromisión del crimen en los comicios y sostuvo que en su partido “apoyaremos cualquier investigación que esté dentro de la ley”.
Ramírez Acuña llamó a que “el IFE esté atento y los partidos políticos estemos garantizando a nuestros candidatos que tenemos todos los elementos para que no haya dinero sucio en las campañas”.
Ríos Piter consideró latente el riesgo de que el narcotráfico se infiltre en las elecciones federales; por ello reiteró su idea de adoptar una coordinación plena entre todos los órdenes de gobierno, “además de un pacto y una alianza para enfrentar al crimen organizado”.
Ejemplificó con la pasada elección en Michoacán, donde “vimos un gran activismo de parte del crimen organizado (y) lo señalamos con toda puntualidad”.
Además, recordó el diputado guerrerense, “la violencia que se ha vivido con el asesinato de 28 presidentes municipales, del candidato a gobernador en Tamaulipas nos deja claro que ese riesgo es latente.”
