El próximo 26 de octubre, coincidiendo con las elecciones generales de Uruguay, se realizará un referéndum en el que se votará acerca de la rebaja de la imputabilidad penal para los menores.
Montevideo. La rebaja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, que se votará el próximo octubre en Uruguay, es una violación de derechos que podría tener consecuencias internacionales, advirtió este viernes la relatora de Derechos de la Niñez de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rosa María Ortiz.
El próximo 26 de octubre, coincidiendo con las elecciones generales de Uruguay, se realizará un referéndum en el que se votará acerca de la rebaja de la imputabilidad penal para los menores.
Esta propuesta fue impulsada por el Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional; y es rechazada por el partido del gobierno, el Frente Amplio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es contraria al plebiscito porque lo considera un "contrasentido" y un "retroceso" de los derechos de los adolescentes, denunció Ortiz durante la presentación de un informe sobre los derechos del niño en Uruguay.
La responsable incidió en que Uruguay podría ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), como ocurrió en el caso Gelman.
En este caso, la Corte obligó a Uruguay a adaptar su legislación para poder juzgar el caso de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman y uno de los casos más emblemáticos de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).
La argentina María Claudia García de Gelman fue detenida a mediados de 1976 en Buenos Aires junto a su esposo Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.
El cadáver de Marcelo fue encontrado posteriormente en la capital argentina y María Claudia, por entonces de 19 años y embarazada, fue trasladada clandestinamente a Montevideo donde dio a luz y posteriormente desapareció como parte del "Plan Cóndor" de las dictaduras del Cono Sur americano para acabar con sus enemigos políticos.
Su hija, Macarena Gelman, fue entregada desde bebé a la familia de un policía uruguaya, que la crió.
La relatora de la OEA defiende que "se es niño hasta los 18 años" y apuesta por medidas de prevención y rehabilitación, en lugar de políticas de mano dura, que, a su juicio,"solamente han servido para profundizar la violencia".
Ortiz instó a los servicios del Estado a ayudar a los adolescentes frente a los problemas de su entorno familiar y comunitario para evitar que sean "captados por el crimen organizado".
En esta línea, Ortiz señaló que las medidas punitivas "no favorecen ni al niño, ni a la sociedad".
