Para que la Carta Democrática Interamericana pueda entrar en vigor, al menos 18 de los 34 miembros activos de la OEA deben declarar que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional que afecta "gravemente su orden democrático”.
EE.UU. La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a dos sesiones extraordinarias para abordar la crisis político-institucional de Venezuela. Una tendrá lugar el lunes 27 de marzo para recibir a la canciller del país caribeño, Delcy Rodríguez, y otra el martes 28, solicitada por dieciocho Estados miembros. Ambas reuniones se realizarán en el salón del Consejo Permanente de la OEA, en la sede de la organización en Washington.
De la cita del 27 de marzo sólo trascendió que Rodríguez haría una "presentación”. En tanto que la sesión del 28 de marzo se llevará a cabo a petición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, las naciones que firmaron una declaración conjunta el jueves de la semana pasada, en la que le exigían al Gobierno de Nicolás Maduro fijar un calendario para las elecciones regionales ilegal e indefinidamente pospuestas y liberar a los presos políticos que, según la cuenta de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, ascienden a 115 en este momento.
Foro Penal Venezolano alude a 39 detenciones en el marco de manifestaciones antigubernamentales, 3 por uso de redes sociales, 30 atribuidas a rebeliones militares y 43 por otros motivos. Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica se unieron a los catorce países mencionados en el párrafo anterior para solicitar la sesión extraordinaria de este martes 28, en la OEA. Aunque Belice pertenece al llamado "Grupo de los Quince”, como ya se le conoce en los pasillos de la OEA, ese Estado centroamericano no se sumó a la convocatoria.
La Carta Democrática Interamericana. Belice justificó su posición alegando que, por ocupar la Presidencia de turno del Consejo Permanente de la OEA, deseaba mantener su neutralidad. Los Estados que pidieron analizar la situación de Venezuela en una ronda extraordinaria no han decidido si someterán a votación la declaración conjunta que publicaron el 23 de marzo o el comienzo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, propuesta desde hace tiempo por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Para que la Carta Democrática Interamericana pueda entrar en vigor, al menos 18 de los 34 miembros activos de la OEA deben declarar que en Venezuela "hay una alteración del orden constitucional” que afecta "gravemente su orden democrático”, como lo fundamentó Almagro en un exhaustivo documento publicado en 2016 para invocar el artículo 20 de la Carta. Si esa moción fuera apoyada por una mayoría, se daría inicio gradualmente a una serie de gestiones diplomáticas y buenos oficios.
Si esas medidas no tuvieran éxito –la meta es que el Gobierno de Maduro rinda cuentas por los desafueros que se le atribuyen–, sería necesario que 24 embajadores –dos tercios de los 35 países de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962)– votaran en un Consejo Permanente a favor de convocar a una Asamblea General extraordinaria de cancilleres. De nuevo se transitaría la vía diplomática. Si ese camino fracasara, los 24 socios activos de la OEA deberían ponerse de acuerdo nuevamente para suspender a Venezuela del ente.
De momento, nada apunta a que la suspensión de la membresía de Venezuela sea viable. El Ejecutivo de Maduro sigue contando con el respaldo de varias naciones caribeñas y de sus aliados en Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. No obstante, sería exagerado sostener que la discusión en la OEA sobre la situación venezolana deja indiferente al sucesor de Hugo Chávez en Caracas. Este mismo viernes (24.3.2017), Maduro anunció que había pedido apoyo a la ONU para "regularizar” el suministro de medicamentos en el país y superar la crisis económica nacional.
Hasta diciembre de 2016, dentro y fuera de Venezuela, los representantes del Gobierno no solamente habían negado que existiera una escasez de medicamentos que ameritara la solicitud de ayuda externa, sino activamente torpedeado las decisiones tomadas por el Parlamento –de mayoría opositora– para llamar la atención del mundo hacia la "crisis humanitaria” que azota al país, tanto por la falta de medicinas como por el desabastecimiento en materia alimentaria. El 8 diciembre del anõ pasado, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Ejecutivo de Maduro había acordado ampliar los planes de cooperación con la ONU para adquirir medicamentos.
Sin embargo, en enero de 2017, el diputado opositor José Manuel Olivares denunció que al país no habían llegado medicinas. El sector sanitario no sólo se ha visto golpeado por la falta de medicamentos; el deterioro infraestructural y la escasez de insumos también lo tienen al borde de la parálisis: un 51 por ciento de los quirófanos de los hospitales públicos se encuentra inoperativo y un 78 por ciento de estos centros sufre la escasez de medicamentos, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2017, que fue presentada ante el Parlamento la semana pasada.
Otro indicio de que al Gobierno venezolano no lo dejan fríos los señalamientos hechos en su contra en la OEA es la publicación, precisamente este viernes (24.3.2017), de un informe sobre las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por razones políticas entre 1958 y 1998, es decir, el período democrático previo a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. El reporte fue elaborado por la Comisión por la Justicia y la Verdad creada por el estamento chavista para analizar el récord en materia de derechos humanos de los Gobiernos que precedieron al de "el Comandante”.
Al respecto dijo Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, que en el lapso 1958-1998 "se instalaron seis teatros de operaciones y más de veinte campamentos técnicos donde se aplicaban infames interrogatorios con equipos especializados en práctica de torturas que incluían personal médico”. Ortega Díaz subrayó que "casi la totalidad” de esos recintos habían sido inspeccionados, pero no detalló su ubicación. La fiscal agregó que durante ese período hubo suspensión de "garantías constitucionales”, se ilegalizaron partidos políticos de izquierda, se violó la inmunidad parlamentaria de legisladores y hubo "diputados detenidos”.
Ortega Díaz señaló que también se procesó "militarmente a civiles” y enfatizó que se había precisado la identidad de 10.071 "muertos y desaparecidos” atribuibles a los Gobiernos democráticos previos al de Chávez. La fiscal informó que el reporte en cuestión sería enviado a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU), ONG, a distintos países y será difundido nacionalmente. Llama la atención que todas las violaciones de derechos humanos comentadas por Ortega Díaz coinciden con las que desde hace tiempo se le endilgan a los Gobiernos de Chávez y Maduro.
