En ausencia del presidente de la CC, Patricio Pazmiño, el juez constitucional Manuel Viteri, y otros cinco más, escucharon a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien pidió al organismo que el análisis se haga de manera “rápida”

Al grito de “¡alerta que camina/ la espada de Bolívar por América Latina!”, cerca de 50 legisladores oficialistas, encabezados por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, caminaron desde el Palacio Legislativo hasta la Corte Constitucional (CC) –tres cuadras– para entregar el proyecto de enmiendas a la Carta Magna.

En ausencia del presidente de la CC, Patricio Pazmiño, el juez constitucional Manuel Viteri, y otros cinco más, escucharon a Rivadeneira, quien pidió al organismo que el análisis se haga de manera “rápida”, aunque aclaró que no quería interferir en sus funciones.

Viteri respondió que la Corte sabrá resolver “en el menor tiempo posible, como así lo ha hecho en otros casos” y con transparencia y seriedad.

La CC deberá emitir un dictamen de procedimiento en cuanto a los caminos a seguir, definidos en los artículos 441, con una enmienda; o el 442, con una reforma. Viteri no mencionó el artículo 444 en el que se habla de una Constituyente.

Marcela Aguiñaga (AP), segunda vicepresidenta de la Asamblea, recordó que la CC tiene 45 días para emitir su dictamen. Rivadeneira espera que hasta agosto remita la respuesta a la Asamblea y así empezar con el trámite.

La urgencia es para que la enmienda entre en vigencia un año antes de la convocatoria a elecciones del 2017, que sería en octubre del 2016, para cumplir con la restricción de cambios legales antes de los comicios.

Ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento del proyecto. Sin embargo, solo con la respuesta de la Corte podrá conformar una comisión ocasional que elabore el informe para primer debate. El segundo debe realizarse al año siguiente.

El proyecto busca que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelegidas indefinidamente, que la base de edad para ser candidato a presidente sea de 30 años y que se declare a la comunicación como servicio público.

Además, que se eviten los “abusos” de la garantía constitucional de la acción de protección, que los gobiernos locales pidan autorización para que puedan ejercer las competencias en infraestructura de educación y salud, y que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) también se ocupen de la seguridad interna del Estado, entre otros.

Rivadeneira aseguró que ninguno de los 17 artículos altera la estructura del Estado y que las modificaciones en el artículo de la acción de protección no afecta a esta garantía.

Sobre la comunicación como servicio público y el rol de las FF. AA. para ayudar en la seguridad del Estado que ya constan en dos leyes, Aguiñaga dijo que, poniéndolos en la Constitución, se está reconociendo un nivel jerárquico superior.

La CC tramita demandas de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos de la Ley de Comunicación, entre los que está la comunicación como servicio público.

“Mientras no haya una resolución de la Corte que diga que la Ley de Comunicación o algún artículo es inconstitucional, tiene absolutamente plena vigencia y constitucionalidad”, añadió Aguiñaga.

Un segundo paquete de enmiendas será presentado en los próximos meses y en este entrarían la plusvalía de la tierra, la Corte Nacional de Justicia, el control constitucional a la propia CC, y que el Instituto de Seguridad Social sea sujeto de fiscalización, informó Aguiñaga.

Cualquier cosa que atente contra los principios de autonomía y descentralización de los gobiernos locales, claro que tendrá un rechazo frontal”.

Mauricio Rodas, alcalde de Quito