Humala Tasso aseguró que el gobierno resguardará no solo la integridad de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también fortalecerá la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en todo el país, incluso en zonas de emergencia.
Lima. La responsabilidad constitucional de la lucha contra las drogas en el país no es de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional del Perú (PNP) y eso debe resguardase en todo momento, afirmó este miércoles el Jefe del Estado, Ollanta Humala.
“Creemos que la Policía Nacional del Perú está preparada para esto, tiene un cuerpo especializado que se llama la Dirandro (Dirección Antidrogas)”, expresó, al ser consultado sobre el proyecto de ley que faculta a los militares a participar en la lucha contra el narcotráfico.
Humala Tasso aseguró que el gobierno resguardará no solo la integridad de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también fortalecerá la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en todo el país, incluso en zonas de emergencia.
Una prueba de ello, agregó el mandatario, se evidencia en el conjunto de acciones y operaciones que se llevan a cabo contra este ilícito, lo que ha permitido importantes decomisos de droga y la captura de delincuentes vinculados a bandas criminales dedicadas a esta ilícita actividad.
“Hemos tomado las disposiciones para que haya más personal de la Policía. Hay bases donde opera la Marina de Guerra del Perú y hemos incluido personal de la Dirandro. Los responsables de la incautación de droga deben ser la Policía y no el Ejército.
Según un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República, las Fuerzas Armadas estarán autorizadas a incautar drogas y detener a sospechosos de este delito, en las zonas de emergencia donde tienen a cargo el control interno.
La iniciativa apunta a modificar el decreto legislativo 1095, Ley de las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
Violencia contra candidatos. De otro lado, el presidente Humala comentó el pronunciamiento conjunto emitido hoy por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE, en el que rechazan la violencia, las amenazas y el acoso contra autoridades y candidatos políticos en diversas zonas del país.
“Estamos totalmente de acuerdo. Creemos que nada justifica un crimen, menos cuando se está dando con candidatos (…) Es importante para el fortalecimiento de la democracia que los candidatos se sientan seguros también”, manifestó.
Saludó, en esa línea, que en reuniones del Consejo de Estado, con participación activa de la Contraloría General de la República, se hayan tomado acciones para poner un alto a este tipo de situaciones de inseguridad en procesos electorales.
Afirmó que las autoridades que lleguen a gobernar regiones o alcaldías en el país, deben ser elegidas por la voluntad del pueblo y no por la decisión de grupos de poder.
