El 22 de mayo de 2015, el Gobierno ordenó un operativo con cientos de efectivos de la policía en un rancho del municipio de Tanhuato, en el que murieron 43 personas, entre ellas un agente federal.
Ciudad de México. Policías federales de México asesinaron arbitrariamente a 22 personas en un enfrentamiento el año pasado con supuestos sicarios que estaban fuertemente armados en el violento estado occidental de Michoacán, dijo el jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El 22 de mayo de 2015, el Gobierno ordenó un operativo con cientos de efectivos de la policía en un rancho del municipio de Tanhuato, en el que murieron 43 personas, entre ellas un agente federal.
El jefe de este cuerpo, Enrique Galindo, dijo en su momento que se trató de un enfrentamiento con supuestos delincuentes, pero en los meses posteriores se mostró abierto a que quienes participaron en el operativo fueran investigados.
Los hombres que murieron estarían vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que se ha expandido en los últimos años y que días antes del operativo había tenido un enfrentamiento con policías federales y militares, matando a varios de ellos y derribándoles un helicóptero.
"Como resultado de la investigación realizada por este organismo nacional, con sustento en pruebas técnicas y científicas (...) se acreditaron hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la policía federal", dijo Luis Raúl González, presidente de la CNDH.
El ombudsman nacional agregó en rueda de prensa que entre esas violaciones está la ejecución arbitraria de 22 personas, mientras que cuatro más murieron por uso excesivo de la fuerza.
Un equipo de especialistas de la CNDH encontró irregularidades en los informes de la Policía Federal, así como en los dictámenes realizados por la fiscalía de Michoacán.
El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, dijo que, por ejemplo, hay indicios de que efectivos habrían disparado más de lo necesario y de que a algunas de las víctimas les habrían sido colocadas armas de fuego después de su muerte.
En otros casos, los cuerpos muestran huellas de tortura y quemaduras en varias partes, otros presentan disparos directos, algunos de ellos a la cabeza, mientras que una de las víctimas muestra indicios de haber sido atropellada.
Eslava dijo que algunas víctimas habrían sido asesinadas aun cuando ya habían sido sometidas por las autoridades y que en el caso de otros 15 fallecidos no fue posible determinar las circunstancias de su muerte debido a alteraciones a las condiciones del lugar.
Dos detenidos fueron sometidos a tortura al presenciar circunstancias de la ejecución de tres personas y luego fueron agredidos físicamente y sometidos a interrogatorio, añadió.
En una conferencia casi simultánea el jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, aceptó las recomendaciones de la CNDH, pero dijo que la policía actuó en "legítima defensa".
"En nuestra consideración se observa que el uso de las armas fue necesario y proporcional (...) dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza", argumentó.
Sanción a los responsables. Activistas de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas han dicho que este es un caso claro de ejecución extrajudicial, tomando en cuenta aspectos como el índice de letalidad, que mide la cantidad de bajas que sufre el supuesto grupo criminal contra las del cuerpo de seguridad que las enfrenta.
"Queremos que el gobierno y quien tenga que ser que dé la cara y castigue a las personas que lo hicieron (...) Nadie tiene el poder de matar por matar", dijo Margarito Romero, el padre de una de las víctimas.
En mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde sus oficinas en Ginebra, pidió al Gobierno mexicano investigar y sancionar a los responsables de múltiples ejecuciones sumarias, las cuales podrían incluir a altos mandos militares.
Uno de los casos más sonados es el de Tlatlaya, ocurrido en 2014 en el Estado de México al norte de la capital, donde 22 personas murieron a manos de militares, quienes supuestamente asesinaron a varios luego de que se habían rendido.
Varios militares quedaron detenidos pero fueron liberados posteriormente por un juez en un caso que ha sido apelado por la fiscalía federal.
