Luis Raúl González Pérez consideró que México experimenta el entorno más difícil en 24 años, debido a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura, y a que la corrupción y la impunidad restan credibilidad a los responsables de ejercer el poder.

El ombdusman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que Iguala es un asunto no cerrado en el que se debe buscar la verdad y lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, que todos los responsables sean sancionados y evitar “a toda costa” su repetición.

Al presentar en Los Pinos el informe 2014 de la CNDH, con base en los datos encontrados tras asumir el cargo en noviembre del 2014, González Pérez indicó que lo más relevante a reportar era el “despertar” y la “toma de conciencia” que hechos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala han provocado en la sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tienen que asumir a partir de ello.

“Vivimos aún bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos sucedidos en Guerrero, así como por los reclamos sociales en favor de las acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana. Iguala es el ejemplo que mayor visibilidad ha dado a un serio problema que enfrenta nuestro país desde hace varios años y que no se limita, desafortunadamente, al mismo”.

Describió que se ha considerado que Iguala marcó “un antes y un después” para México, por lo que se pronunció por que la gravedad y trascendencia de los hechos lleve a una reflexión y a replantear el futuro como país. “No debemos esperar, ni como autoridades ni como sociedad, a que ocurran otros hechos graves para iniciar el cambio hacia el cumplimiento efectivo de la ley”, completó.

Como parte del Informe 2014, la CNDH reportó un periodo de crisis en derechos humanos en México, y el entorno más difícil en 24 años de existencia de la institución, un escenario con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, y donde la corrupción y la impunidad restan credibilidad a los responsables de ejercer el poder público, según se describe en el documento.

El informe revela que casos recientes han lastimado sensiblemente el tejido social y se encuentran relacionados con graves violaciones a los derechos fundamentales.

“Todo ello ha resurgido en medio de una espiral de violencia generada por graves agresiones a la sociedad, perpetradas por grupos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado”.

La institución detalló también que el incremento de delitos altamente sensibles para la sociedad, como el homicidio, el secuestro, la extorsión y la trata de personas, requieren de un mayor control por parte de las instituciones del Estado en materia de seguridad pública, para no revictimizar a los afectados, ante la “arraigada impunidad”.

La CNDH alertó —además— que el sistema penitenciario no ha logrado constituirse como un medio eficaz de readaptación social, y que los centros son lugares nocivos para la convivencia social de los internos y sus familiares, debido a las frecuentes irregularidades, las violaciones a las garantías individuales, y que son situaciones propicias para la reproducción e impulso en la intensidad de actos delincuenciales.

Sobre los expedientes de quejas, la CNDH informó que las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos son: IMSS (1,542 casos), Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob (1,177), Sedena (642), Policía Federal (580), ISSSTE (538), SEP (530), PGR (487), Instituto Nacional de Migración (450), Marina (374) e Infonavit (326).

El informe fue entregado en Los Pinos al presidente Enrique Peña. Al respecto, el mandatario argumentó que se renuevan los protocolos y procedimientos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

“Estamos claros de que no cabe la tolerancia a estas prácticas inhumanas y absolutamente inaceptables”, agregó el Ejecutivo, quien se comprometió a adoptar los mejores estándares internacionales.

Indicó que toda autoridad está obligada a respetar la ley, y quien quebrante este principio del Estado de Derecho tiene que asumir las consecuencias legales. Además, asumió el compromiso de estar atentos a las recomendaciones y definiciones que tome la CNDH, como planteó mismo su titular, Luis Raúl González Pérez.

IMSS y Segob, al frente en quejas. Dentro del reporte entregado por el ombudsman nacional, se incluyeron el número de denuncias, recomendaciones emitidas y entes con mayores quejas.

- En el 2014, la CNDH inició 8.455 expedientes de queja. Se emitieron 55 recomendaciones, dirigidas a 67 autoridades.

- Las entidades más señaladas en recomendaciones fueron IMSS (ocho); Comisión Nacional de Seguridad (ocho); gobierno de Oaxaca (siete); PGR (cuatro); el GDF (cuatro); gobierno de Chiapas (tres); gobierno de Tabasco (tres); SEP (dos); gobierno de Hidalgo (dos); gobierno de Edomex (dos) y ayuntamiento de Alvarado, Veracruz (dos).

- Autoridades más señaladas en quejas fueron: IMSS (1,542); Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Segob (1,177); Sedena (642); Policía Federal (580); ISSSTE (538); SEP (530); PGR (487); Migración (450); Marina (374) e Infonavit (326).

- Las violaciones que con mayor frecuencia fueron denunciadas son: prestación indebida de un servicio público; faltar a la legalidad en el desempeño de funciones; omisiones en atención médica; detención arbitraria; trato cruel e inhumano, entre otras.