La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Amnistía Internacional (AI) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instaron a la justicia suiza a abrir un proceso penal en contra del ex mandatario de EE.UU.

Al ex presidente de EE.UU, George W. Bush, lo esperarán en cualquier parte del mundo para recordarle que durante sus años como presidente de Estados Unidos (2001 – 2009) avaló la tortura de prisioneros. Katherine Gallagher, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, lo advirtió, hablando en nombre de un gran número de ONGs que tienen a Bush dentro de la lista de los expresidentes con cuentas pendientes con la justicia. “El caso está preparado y le estará esperando allí donde viaje”, sentenció la abogada.

La advertencia vino después de que Bush cancelara su visita a Ginebra (Suiza), prevista para el próximo sábado. El ex mandatario estadounidense iba a asistir a una cena de gala ofrecida por la poderosa organización judía, Keren Hayesod, pero la ofensiva lanzada el fin de semana desde diferentes organizaciones pro derechos humanos obligaron a un replanteamiento de su agenda y a su cancelación.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Amnistía Internacional (AI) y la propia (FIDH) instaron a la justicia suiza a abrir un proceso penal en su contra. AI, incluso, había entregado desde el viernes de la semana pasada un dossier a la fiscalía con documentos que demostrarían violaciones por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Las acusaciones se deben al poco pudor que tuvo George W. Bush al confesar en sus memorias, ‘Decision Points’, que siendo la cabeza del gobierno avaló la práctica de torturas contra los sospechosos de terrorismo. Según el ex presidentee, quien ratificó su versión en una entrevista concedida al diario británico ‘The Times’, la técnica del “waterborading”, que consiste en sumergir a los prisioneros en agua para provocar asfixia, dio buenos resultados durante los interrogatorios.

Según Bush, la información obtenida con este método salvó la vida de varios ciudadanos británicos porque dieron pie para desmantelar atentados contra el aeropuerto Heathrow y en el barrio de negocios Canary Wharf en Londres.

El relato de Bush confirmó además las revelaciones que ‘The Washington Post’ publicó en 2008, en las que se especulaba sobre la existencia de documentos de autorización firmados en la Casa Blanca y en los que la CIA figuraba como destinataria. El contenido era puntual: el “waterboarding” podía ser utilizado so pretexto de la seguridad nacional.

Para los grupos activistas de derechos humanos toda esta evidencia es suficiente para entablar un proceso legal basado en la violación de la Convención contra la Tortura, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984. Es decir, que eventualmente y según los representantes de las ONG´s, en cualquiera de los 137 países miembros que firmaron la convención, incluido Estados Unidos, podría darse inicio a una investigación.

La analista Arlene Tickner desestima que se pueda emprender una acción legal que involucre a George W. Bush. “Políticamente sería bastante improbable que haya un consenso internacional sobre la responsabilidad penal de Bush en las torturas, con todo y que la imagen del ex presidente no es buena en el exterior. Además, si ocurriera, Estados Unidos haría lo posible por evitar el proceso. ¿Cómo permitirían que se juzgue a un ex mandatario cuando ni siquiera se ha inculpado a quienes ejecutaron las torturas?”.

Por su parte, el secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura, Eric Sottas, afirmó que la cancelación de la visita de George W. Bush a Ginebra es una muestra clara de la solidez que podrían tener las denuncias y de acuerdo con los múltiples comunicados difundidos en los últimos días, más de 60 organizaciones estarían buscando la forma de llevarlo a la cárcel.