Un decreto de 2018 contempla para las personas con discapacidad derechos en igualdad de condiciones con los demás, sin embargo "miles" de estas personas han vuelto a quedar fuera del padrón para las elecciones del Congreso, por la inacción de las autoridades.

Lima. La ley adoptada 2018 para reconocer el derecho a voto de las personas con discapacidad en Perú no ha impedido que este colectivo se quede fuera del censo para los comicios legislativos de este sábado, según han denunciado las ONG, que ha reclamado medidas inmediatas para garantizar el voto a partir de las elecciones de 2021.

El Decreto Legislativo Número 1384, aprobado en septiembre de 2018, contemplaba para las personas con discapacidad derechos en igualdad de condiciones con los demás, recuperando para este colectivo la capacidad para tomar decisiones en cuestiones vitales. Sin embargo, "miles" de estas personas han vuelto a quedar fuera del padrón por la inacción de las autoridades.

Así lo han expuesto Human Rights Watch (HRW), Sociedad Peruana de Síndrome Down y Sociedad y Discapacidad (SODIS), cuya directora ejecutiva, Pamela Smith, ha advertido de que "no puede tolerarse ninguna discriminación".

"Es penoso que pese a las reformas de 2018 que abolieron el sistema de interdicción, miles de peruanos con discapacidades intelectuales y psicosociales que antes se encontraban bajo el régimen de interdicción sigan excluidos del padrón", ha lamentado Smith.

El investigador de HRW Carlos Ríos Espinosa ha instado a las autoridades de Perú a asumir su "obligación", que no es otra que "hacer lo que indican las reformas de 2018" y "asegurar que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos que los demás, incluido el derecho a votar en los comicios de 2021".

"Seguir impidiendo que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a votar no solo contraviene abiertamente lo dispuesto por el derecho peruano, sino que además constituye una forma aberrante de discriminación", ha advertido Ríos Espinosa.

Las organizaciones han echado en falta medidas de la Oficina de Normalización Previsional, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a las que correspondería adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho universal al voto.