Los representantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, eso sí, optaron por la abstención, al considerar que el tratado "privilegia" a los países exportadores y es susceptible de ser "manipulado políticamente".
Naciones Unidas, EFE. Casi dos décadas después de que la sociedad civil denunciara por primera vez la necesidad de regular el comercio de armas en el mundo, la comunidad internacional escribió este martes un nuevo capitulo en la historia de los derechos humanos con la aprobación del primer Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
La Asamblea General de la ONU adoptó por una abrumadora mayoría de 154 votos a favor, tres en contra y 23 abstenciones un histórico tratado que pone fin a un largo y difícil proceso negociador.
El nuevo TCA, que deberá ser ahora ratificado por los estados miembros, establece obligaciones vinculantes para que los gobiernos evalúen las transferencias de armas y municiones, eviten su desvío a grupos terroristas y el crimen organizado, y garanticen que no serán utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, el tratado tuvo que ser sometido a votación ante el pleno de la Asamblea General, después de que México liderara la semana pasada sin éxito un intento, apoyado por una abrumadora mayoría de países, para que el tratado se adoptara por mayoría tras fracasar la vía del consenso.
Como ya hicieron el pasado jueves al bloquear ese consenso, Irán, Corea del Norte y Siria volvieron a hacer este martes uso de la palabra para defender su decisión de votar en contra de un texto que, a su juicio, "no es equilibrado" porque no recoge los puntos de vista de todos los países y beneficia a los países exportadores.
Aunque histórica, la jornada quedó algo descafeinada por la abstención de algunos pesos pesados como Rusia, India o China, que en todo caso dejaron la puerta abierta a sumarse al tratado en el futuro, una vez que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pida a los países que lo firmen a partir del 3 de junio.
Los representantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela optaron también por la abstención, al considerar que el tratado "privilegia" a los países exportadores y es susceptible de ser "manipulado políticamente", y no incluye una mención expresa a la prohibición de transferir armas a grupos armados no estatales.
México, férreo defensor del tratado, reconoció, por su parte, que el texto final "no cumple las expectativas de todos" pero dijo que es "sólido" y puede ser "adaptado" en el futuro, tras lo cual vaticinó que "es solo el comienzo y el verdadero trabajo comienza ahora" para que el TCA sea ratificado "lo antes posible".
El embajador australiano Peter Woolcott, que estuvo al frente de la negociación en la recta final, admitió que si se hubiese adoptado por consenso "habría tenido un poco más de legitimidad", pero dijo que la comunidad internacional dispone ahora de un tratado "robusto" que incluye "obligaciones concretas" para los países.
La Coalición para el Control de las Armas, que agrupa a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, hizo un llamamiento a todos los estados para que la firma y posterior ratificación del TCA sea una prioridad y se comprometan a aprobar la legislación nacional necesaria para que el tratado entre en vigor "lo antes posible".
"Desde las calles de Latinoamérica a los campamentos en el este del Congo y los valles de Afganistán, las comunidades que viven con miedo a los ataques por el comercio no regulado de armas pueden ahora esperar un futuro más seguro. El mundo será un lugar más seguro una vez que el Tratado esté en su lugar", dijo la coalición.
Por su parte, Anna Macdonald, de Oxfam Internacional, destacó que el nuevo TCA envía un mensaje claro a los traficantes de armas que abastecen a los señores de la guerra y a los dictadores.
"Su tiempo ha acabado. Ahora ya no podrán operar y armarse con impunidad. El mundo estará observándoles y les pedirá responsabilidades", indicó.
"La votación de hoy es un hito histórico que marca el inicio de una nueva era. A partir de ahora se ha acabado la impunidad para los traficantes de armas y los violadores de derechos humanos", celebró, por su parte, el director de Fundación por la Paz, Jordi Armadans, al término de la votación.