Dicha cifra corresponde al periodo 2006-2014 y se encuentra registrada en la base de datos del gobierno mexicano, según el representante en México del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Jesús Peña.
México. El representante en México del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Jesús Peña, aseguró este miércoles que en este país se encuentran desaparecidos más de 6.000 menores de edad, una cifra que representa un 30% del total de personas en paradero desconocido.
De acuerdo con el funcionario internacional, dicha cifra corresponde al periodo 2006-2014 y se encuentra registrada en la base de datos del gobierno mexicano.
Muchos de estos casos, dijo, fueron cometidos por el crimen organizado."Por ello, es responsabilidad del gobierno evitarlos", agregó Peña ante un grupo de senadores.
Durante el foro sobre desapariciones y los derechos de la infancia, realizado este miércoles en la Cámara Alta, enfatizó que "el Estado no sólo tiene la obligación de impedir que sus agentes participen en la desaparición, sino de adoptar medidas especiales de protección ante la desaparición cometidas por particulares".
En el mismo foro, Alison Sutton, representante adjunta de la Unicef en México, comentó que los niños y adolescentes de desaparecidos es 1,8 veces mayor del sexo femenino que masculino.
"En la población de 14 años son más niñas las que se encuentran desaparecidas", aseveró.
En su momento, Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó al Senado a establecer mecanismos para encontrar a estos niños y adolescentes desaparecidos y endurecer las sanciones para las personas que se dedican a este delito.
En los próximos días la Cámara Senatorial discutirá una ley especifica para los desaparecidos en México.
Por ello el representante de la CNDH resaltó que en esta nueva ley debe existir un apartado dedicado a la niñez, víctima directa o indirecta de este delito. También se deben crear áreas y protocolos especializados en la desaparición de menores.
Incluso, se pronunció, que la ley que se trabaja debe ser transversal con la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo referente al Sistema Nacional de Protección, al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a los centros de asistencia social, a los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de los menores.