Una agencia de la entidad condenó el asesinato de un dirigente campesino que promovía la restitución de tierras arrebatas por escuadrones paramilitares de ultraderecha en el noroeste de Colombia, y abogó porque sea combatida con medidas de seguridad oficiales.

Bogotá. Una agencia de la ONU condenó este miércoles el asesinato de un dirigente campesino que promovía la restitución de tierras arrebatas por escuadrones paramilitares de ultraderecha en el noroeste de Colombia, y abogó porque sea combatida con medidas de seguridad oficiales.

El asesinato de Hernando Pérez se produjo este domingo cerca del municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, después de que asistió al acto de entrega de 34 títulos de propiedad a víctimas despojadas de sus tierras por parte del antiguo escuadrón paramilitar.

"Este crimen se suma a una serie de asesinatos, atentados y amenazas contra los líderes y comunidades que están luchando por la devolución de sus tierras", dijo Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Es urgente que el Gobierno tome medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras. La Oficina está dispuesta a acompañar al Estado en esta tarea", agregó.

No es un hecho aislado. Salazar dijo que el asesinato no es un hecho aislado ni se circunscribe a la zona donde ocurrió, sino que forma parte de un patrón de homicidios, atentados y amenazas de muerte contra líderes y familias que participan en procesos similares.

El funcionario recordó los asesinatos en mayo de Rogelio Martínez, en el departamento de Sucre, y de Alexander Quintero, en el del Cauca.

La violencia contra defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales es uno de los principales argumentos de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos para mantener sin ratificar un Tratado de Libre Comercio que firmaron hace varios años los Gobiernos de Washington y Bogotá.

En 2009 32 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, de acuerdo con el programa no gubernamental Somos Defensores.

Aunque más de 31.000 paramilitares se desmovilizaron y depusieron las armas en medio de una negociación de paz con el Gobierno del ex presidente Alvaro Uribe, cientos regresaron a la ilegalidad como integrantes de grupos armados al servicio del narcotráfico.

Los paramilitares surgieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla izquierdista ante la ineficiencia del Estado para combatir a los rebeldes.

Con el paso de los años, los escuadrones de ultraderecha expulsaron a la guerrilla de varias regiones del país en medio de sangrientas confrontaciones que dejaron miles de muertos y consolidaron enclaves militares y políticos dentro del país.

Esos grupos ilegales armados también provocaron desplazamientos masivos de campesinos a los que les arrebataron sus parcelas para poner en funcionamientos proyectos de palma africana y de madera, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.