"Esperamos que continúe el espíritu de la reforma constitucional y fortalezca los planteamientos", afirmó el relator especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue.

México. El relator especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, destacó el avance que representa la aprobación en México de una reforma constitucional en materia de transparencia y confió en que la ley secundaria mantenga su espíritu.

"Esperamos que continúe el espíritu de la reforma constitucional y fortalezca los planteamientos", afirmó el relator guatemalteco en una reunión celebrada este lunes con los integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

"La idea de tener un instituto federal autónomo es para garantizar un órgano independiente; deseamos que la reforma fortalezca esa independencia y que se respete la determinación de sus decisiones", dijo La Rue, según un comunicado divulgado hoy por el IFAI.

Destacó que ahora el desafío es diseñar una legislación secundaria que conserve el espíritu de la norma constitucional, que es la plena información de la población, limitando sólo aquello que pueda afectar un bien superior, señala la nota.

"La información es propiedad pública, especialmente la relacionada con derechos humanos", por lo que no debe tener "ninguna confidencialidad, como lo establece la ley en México", indicó el relator.

La reforma dio mayor autonomía al IFAI y estableció como pública toda la información en posesión de cualquier autoridad o entidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

También la información que esté en poder de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Las resoluciones del IFAI son inatacables. Sólo el consejero jurídico del Ejecutivo federal puede apelar sus fallos ante la Suprema Corte de Justicia en caso de que pongan en peligro la seguridad nacional.

La reforma constitucional fue promulgada a principios de 2014 y el Congreso mexicano cuenta con un plazo de un año para expedir las leyes secundarias o reglamentarias que permitirán su aplicación.