La responsable de los derechos humanos en la ONU, Navi Pillay, consideró que esa decisión fue "un retroceso en la lucha contra la impunidad y por el derecho a la verdad", en una declaración leída ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH).

Ginebra, EFE. La reforma constitucional que amplió la jurisdicción de los tribunales militares vulnera la separación básica entre los poderes y que es necesaria para la independencia del Poder Judicial, según un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado hoy en Ginebra.

"Cuando la justicia militar asume competencia en un asunto que debe ser examinado por los tribunales civiles se vulnera el derecho de las víctimas de acceso a la justicia, así como el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial", según el análisis elaborado por la Oficina de la alta comisionada Navi Pillay en Colombia.

Esta reforma del Fuero Militar fue aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado diciembre.

La responsable de los derechos humanos en la ONU consideró que esa decisión fue "un retroceso en la lucha contra la impunidad y por el derecho a la verdad", en una declaración leída ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH), que entró esta semana en la recta final de sus sesiones en Ginebra.

Agregó que confía en que el gobierno asegure que ese cambio constitucional no sea utilizado para impedir que el sistema de justicia penal ordinario investigue y persiga de manera oportuna y efectiva todas las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Por otra parte, el informe al CDH señala que es muy preocupante que la reforma constitucional "pueda llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía General".

Entre ellos menciona las relacionadas con presuntos "falsos positivos", lo que supondría "una violación del principio del derecho al debido proceso" y de "acceso a la justicia".

Sobre la actividad de los grupos armados de las FARC-EP y el ELN, la alta comisionada los acusó de "seguir despreciando el derecho internacional humanitario" de manera sistemática y denunció casos de asesinatos selectivos y violaciones sexuales.

"Muchos de los asesinatos de líderes y autoridades indígenas del norte del Cauca apuntan a la implicación de las FARC-EP y a su práctica de imponer el orden social", menciona.

De los grupos post-desmovilización, en referencia a las bandas que se rearmaron tras la desarticulación de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a partir de 2005, recalca que son considerados "por todos los sectores, una de las mayores amenazas para el orden público y responsables del mayor número de asesinatos, violaciones, extorsiones, hostigamientos y amenazas".

Declara, asimismo, su esperanza en el proceso de paz lanzado en octubre pasado y hace hincapié en que una amplia participación de la sociedad civil, así como de los grupos más afectados por el conflicto armado -incluidas las víctimas- resulta primordial para su éxito.

Por otra parte, la alta comisionada se refirió al derecho de consulta de los pueblos indígenas en relación a la explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales.

Considera que los "megaproyectos y la explotación minera representan riesgos adicionales" para comunidades que ya han sufrido el debilitamiento de su estructura social e integridad cultural a causa de la violencia armada.

Recalca asimismo el impacto negativo que tiene en las comunidades el cambio en el uso del suelo que resulta de las actividades extractivas.

"Si esta situación persiste, el conflicto social exacerbado tenderá a extenderse y será aún más difícil de resolver", advierte.