El embajador de México ante la ONU negó categóricamente las conclusiones de la visita que realizó al país Juan Méndez, relator especial de la ONU. Méndez calificó la situación de "inaceptable tragedia".
El relator especial de la ONU, Juan Méndez, presentó este lunes las conclusiones de una visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del año pasado. Según Méndez, México ha dado pasos normativos para establecer salvaguardias contra la tortura, pero el problema en la práctica sigue siendo "generalizado", debido a la impunidad imperante. "La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento", alertó.
Por eso, recomendó a las autoridades "reconocer públicamente la dimensión de la impunidad" y enviar "enérgicos mensajes públicos" a todos los funcionarios de que toda tortura y maltrato será "seriamente investigado y castigado". En el informe, que describe la situación en México y plantea sus recomendaciones, el relator expresó también su "extrema preocupación" por el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Necesidad de reformas. "La inaceptable tragedia constituye un llamado urgente al gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura", señaló.
El documento detalla que la tortura y malos tratos, incluida la de tipo sexual, ocurren en México en los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de un juez. "Generalmente, la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces", denunció.
Aunque indicó que recientemente se ha registrado una disminución de quejas por violaciones a los derechos humanos, no hay un registro fehaciente del número de casos de tortura y "la militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia". Esta situación, con más de 32.000 militares en tareas propias de corporaciones civiles y la creación de una Gendarmería con entrenamiento militar, "compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos", consideró. El informe indica que también "han aumentado las denuncias por abuso de la fuerza pública durante manifestaciones y contra periodistas o defensores de derechos humanos, lo que no ha sido acompañado de investigaciones efectivas". Méndez concluye en su informe que el derecho a la reparación integral de las víctimas es "ilusorio" y que el alto número de denuncias y testimonios recogidos "no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad".
México rechaza las acusaciones. Tras la intervención de Juan Méndez, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, aseguró con rotundidad que la afirmación de que la tortura es generalizada es una falacia. Según Lomónaco, es una denuncia que "no se corresponde con la realidad ni con el resto del contenido del informe". Acto seguido, el embajador pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes "en la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista".
Dicho esto, el diplomático comenzó a desgranar, una por una, las modificaciones legales y proyectos legislativos que pretenden ajustar las normas mexicanas relacionadas con la violación de los derechos humanos a la ley internacional, aunque su discurso fue interrumpido porque se excedió en su tiempo de palabra.
