La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, lamentó que los incidentes de violencia contra las mujeres se incrementasen en 263,4% entre 2005 y 2013.
Ginebra. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, urgió este jueves al nuevo gobierno hondureño a acabar con la cultura de impunidad entorno a la violencia contra las féminas.
"En Honduras, la violencia contra las mujeres es sistemática y está muy extendida. Estoy muy preocupada por los niveles de violencia doméstica, feminicidio y violencia sexual", señaló Manjoo, citada en un comunicado fechado en Ginebra, tras visitar el país centroamericano.
La relatora tomó nota de que la nación está en plena transición y que "el nuevo gobierno está intentando construir las instituciones y luchar contra el clima de crimen sistemático, corrupción e impunidad".
En particular, Manjóo se congratuló de las medidas tomadas por el gobierno para luchar contra la violencia contra la mujer, y en especial las enmiendas al Código Penal para incorporar el feminicidio como un crímen específico.
Dicho esto, la relatora lamentó que los incidentes de violencia contra las mujeres se incrementasen en un 263,4% entre 2005 y 2013, una cifra que subestima la realidad.
Asimismo, la relatora recordó que el tráfico de mujeres con fines sexuales también está subestimado.
Manjoo especificó que durante su visita detectó varios "desafíos" que incrementan la discriminación de la mujer, como la falta de implementación de la legislación, el machismo en el sistema judicial, y la falta de acceso a los servicios que protegen a las mujeres, entre otros.
Otro aspecto que "es un gran obstáculo" es la impunidad, dado que se estima que el 95% de los casos de violencia contra la mujer quedan impunes, destacó la relatora.
Manjoo recordó, finalmente, que el Estado es responsable de perseguir a los funcionarios y responsables que no cumplan con su obligación de prevenir los derechos humanos de las mujeres, y que debe establecer los mecanismos necesario para defender los derechos de la mitad de la población.
